La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio ha descartado este miércoles que el Gobierno vaya a volver, por ley y de forma unilateral, a revalorizar las pensiones lo mismo que suba el IPC. Ha descartado así tajantemente en la tribuna del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo vaya a promover un decreto en solitario para que las pensiones vuelvan a actualizarse anualmente lo mismo que los precios, tal y como ocurría antes de 2014.

“No pida usted al Gobierno que haga de manera unilateral una ley, como hizo el anterior Gobierno. Se traerá una ley de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo y del diálogo social”, ha dicho Valerio. Este mensaje no era baladí, sino una forma de instar a los partidos a que lleguen a un consenso en el Pacto de Toledo que, precisamente este miércoles, volvía a parecer algo imposible. De hecho, momentos después de estas declaraciones de Valerio, la reunión de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo donde los grupos políticos estudian la próxima reforma de pensiones se ha desconvocado minutos antes de su inicio.

El motivo ha sido una vez más la existencia de dos claros bloques sobre cómo revalorizar las pensiones cada año: si con el IPC como mínimo o con la inflación como elemento troncal, pero teniendo en cuenta, en el marco del diálogo social, otros elementos como los salarios y el PIB.

Tras la reunión de la semana pasada, el PSOE parecía haberse aproximado al bloque que defendía o aceptaba vincular la actualización de las pensiones a otros aspectos, además del IPC como elemento principal. De hecho, al término de dicho encuentro, los representantes de Podemos y Esquerra Republicana aseguraban que se habían quedado solos en la defensa de una revalorización idéntica al IPC como mínimo.

Sin embargo, esta semana, los diputados de esta comisión han seguido trabajando y, según distintas fuentes de la negociación en la noche del martes, había un principio de acuerdo de prácticamente todos los grupos entorno a una nueva redacción de la recomendación número dos –que habla sobre la revalorización de las pensiones–. Ese supuesto consenso giraba en torno a un texto similar a esta misma recomendación que sí acordó en el Pacto de Toledo de 2011 eliminando las críticas a los socialistas por haber congelado las pensiones.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, antes de iniciarse incluso la reunión formal del Pacto de Toledo, el PSOE presentó a los portavoces de esta comisión una nueva redacción, distinta a la de la noche anterior y consensuada con el PNV, con mayores garantías de vinculación de la subida de las pensiones al IPC.

La reacción a esta nueva formulación ha sido dispar. Esquerra Republicana ha considerado que las garantías de mantenimiento del poder adquisitivo no eran suficientes. Mientras que, por el contrario, los representantes del PP, Ciudadanos y PdCat no han recibido bien la nueva redacción acordada por el grupo de la mayoría de los partidos que sustentan al Gobierno, al constatar lo que interpretaron como un bandazo del PSOE respecto a su postura de la pasada semana. Fuentes populares ha criticado también el enrocamiento del bloque de izquierdas, que boicotea el consenso en el Pacto de Toledo, liderado, en opinión de los populares, por Unidos Podemos.

Ante esta situación, los grupos han convenido que, para no volver a escenificar públicamente la existencia de persistentes diferencias entre los dos bloques parlamentarios, se desconvocaba la reunión hasta la semana próxima, en principio. Si entonces no se hubieran solventado estas diferencias quizás la comisión seguiría sin celebrarse.

Ante todo, este embrollo, lo único cierto es que el Gobierno no quiere legislar en solitario en esta materia y quiere contar con el respaldo parlamentario de un consenso en el Pacto de Toledo y de un acuerdo en el diálogo social.

De hecho, distintas fuentes de la negociación opinan que la intención del Ejecutivo es logar un pacto con sindicatos y empresarios que presione a los grupos en el Pacto de Toledo.