El Gobierno ha aprobado un nuevo Plan de Choque del Empleo Joven 2019-2021, que ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros refrendado por un acuerdo social de sindicatos y patronales, que han hecho sus aportaciones a este proyecto. Se trata de 50 medidas que se desarrollarán a lo largo de los próximos tres años, en las que el Ejecutivo planea invertir 2.000 millones de euros para sacar del paro a 168.000 menores de 25 años. Estos fondos provendrán de la cotización para formación de los trabajadores y de la Unión Europea.

Este plan está estructurado en seis ejes de actuación (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del sistema nacional de garantía juvenil). Y entre sus «ambiciosos objetivos», como los ha calificado hoy la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está también el de rebajar la tasa de paro de este colectivo del actual 33% al 23,5%; elevar su tasa de actividad (aquellos entre 20 y 29 años que están en disposición de trabajar tengan o no empleo) del 58,7% al 75% e incrementar un 15% cada año las contrataciones indefinidas de los jóvenes.

El incremento de la tasa de actividad deberá conseguirse aumentando en al menos un punto la tasa de actividad masculina y en al menos tres puntos la de las mujeres, para cumplir también con los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres que se marca el plan. Concretamente el acuerdo persigue reducir en un 20%la actual brecha de género entre hombres y mujeres en las cifras de jóvenes parados menores de 30 años registrados.

El plan establece la creación de una red de 3.000 orientadores en las oficinas regionales de empleo, que trabajarán específicamente con el colectivo de jóvenes desempleados y aquellos que acuden en búsqueda de su primer empleo a los servicios públicos. Una parte importante de estos orientadores dará atención individualizada a los jóvenes y realizarán un seguimiento de su itinerario de inserción.

Además, los trabajadores de este programa concreto que se llamará «ORIENTAJOVEN» realizarán tareas de prospección y captación de oferta en sus respectivas zonas. Dentro de las citadas tareas de prospección, los orientadores «deberán acercarse a los espacios en los que se encuentra la juventud para poder llegar al mayor número posible de personas», recoge el texto del plan.

En concreto, se propone el nombramiento de 3.000 funcionarios interinos en la modalidad por programa por un máximo de 18 meses, cuyo perfil profesional se acordará en la primera Conferencia Sectorial tras la aprobación del plan. Junto a estos 3.000 orientadores, se dará apoyo a la red SIJ-Injuve mediante la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan y de los servicios que ofrecen las oficinas públicas de empleo y otros agentes del mercado laboral.

Estos orientadores realizarán un diagnóstico individualizado del joven y elaborarán su perfil profesional, que identificará sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales en España, en el resto de la Unión Europea y en el ámbito internacional. Según los resultados de este perfil, se clasificará al desempleado en función de su empleabilidad. Posteriormente se diseñará el itinerario personalizado para su búsqueda de empleo.

Con el fin de facilitar el acceso de todas las personas jóvenes a estos espacios de atención personalizada, con independencia de su lugar de residencia, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsará la firma de un convenio marco para que los ayuntamientos puedan habilitar instalaciones de los servicios locales de empleo para estas actuaciones de orientación.

El plan prevé incentivar las lanzaderas de empleo, que son proyectos, que ya se están llevando a cabo con éxito en algunas comunidades autónomas y que consisten en desarrollar, a través de la intervención de un entrenador profesional o coach, «una mejora de las estrategias de autopostulación» de cara a la contratación por terceros o bien uniéndose de forma colectiva a otras personas en situación de desempleo para encontrar un empleo individual o colectivo, o creando pequeñas empresas y desarrollando el autoempleo.

Los programas formativos para los jóvenes se centrarán en mejorar sus competencias clave de carácter general para encontrar cualquier empleo; mejorar también sus competencias digitales y lingüísticas; y dar formación específica en los sectores de actividades estratégicas. Asimismo, habrá programas mixtos de empleo y formación, a los que se destinarán 360 millones de euros, el segundo mayor capítulo de gasto de este plan.

En estos programas se recuperará la cotización por desempleo de los contratos formativos, con lo que esos trabajadores podrán cobrar la prestación por desempleo al término del contrato si reúnen las condiciones de cotización.

El eje del plan destinado a fomentar las oportunidades de empleo tendrán una inversión de 616 millones de euros. Si bien serán las bonificaciones para el fomento del empleo autónomo entre los jóvenes los que se llevarán la mayor inversión de todo el plan, ya que a ello se destinarán 375 millones de euros entre 2019 y 2021. A esta cantidad habrá que sumar otros 51 millones para otro tipo de apoyos y asesoramiento para los jóvenes que decidan emprender; así como para incubadoras de empresas.

A las empresas se dirigirán 165 millones de euros para bonificaciones del contrato de formación y aprendizaje. Dicho todo esto, Valerio utilizó una velada referencia al éxito de Vox en las elecciones andaluzas al explicar que el plan persigue “que los jóvenes valoren la democracia en la que viven y no tenga la tentación por apostar salidas que ofrecen algunos aparentemente fácil a sistemas muy complejos. Y tengan más afección al sistema democrático que les ha tocado vivir”.