El Gobierno de Pedro Sánchez ha abogado este lunes por limitar el aforamiento también en el caso de jueces y fiscales, para lo que sería necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según ha precisado Moncloa. En concreto, el Ejecutivo ha avanzado su intención de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para «precisar» el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como es el caso de jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas.

Esta ley ya fue modificada en 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, para garantizar su aforamiento, así como el de doña Sofía. También están aforados el Rey Felipe, la Reina Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y en el futuro lo estará quien se convierta en su consorte. Esta medida llega después de que el jefe del Ejecutivo haya anunciado su intención de llevar a cabo una reforma de la Constitución para limitar el aforamiento, según ha indicado en el transcurso del acto #Avanzamos celebrado en la Casa de América, coincidiendo con los 100 días de Gobierno.

Para ello, sería necesaria una modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos -miembros del Gobierno, diputados y senadores- salvo «en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo». Así, desde Moncloa han indicado que «próximamente» se presentará en el Consejo de Ministros la Ley de reforma constitucional para recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y que se pueda ser debatido en las Cortes con el objetivo de lograr «el mayor consenso» del arco parlamentario.

La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado. Según ha señalado Pedro Sánchez, el objetivo del Gobierno es que lograr que pueda estar lista en un plazo de 60 días. En el caso de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como de los miembros de los Parlamentos regionales, el fuero está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.

Sobre este punto, el Gobierno ha incidido en que una vez limitados los aforamientos en la Constitución «no tiene sentido que se mantengan en las Comunidades Autónomas». Según las cifras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos y unos 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

La mayoría de estas personas seguirán siendo aforadas, aunque se apruebe la reforma que quiere impulsar el Gobierno, que tampoco afectará a los cinco miembros de la Familia Real que actualmente disfrutan de fuero.

No se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.