El Ministerio de Hacienda confirma en un informe oficial que existe un clamor de las comunidades autónomas contra los privilegios financieros del País Vasco en el Estado y la necesidad de corregirlos. Sin embargo, no plantea medidas, por ahora tras el voto a favor del PNV a los Presupuestos del Estado. En su primer documento para la reforma del sistema de financiación autonómica, de 55 páginas, el Comité Técnico Permanente para la reforma que preside el Ministerio, constata que, en sus reuniones, «se ha destacado por las CCAA la necesidad de que el cálculo de los flujos entre la Administración General del Estado y las Comunidades forales revista una mayor transparencia, especialmente en lo que al cálculo de las cargas asumidas y no asumidas se refiere». Es una alusión clara al Cupo Vasco y a la Aportación Navarra, que evalúa lo que deben aportar ambas comunidades al Estado por competencias no asumidas y que está considerado por el grueso de expertos y gobiernos autonómicos como inflado de forma artificial en favor de, sobre todo, el País Vasco.

En el informe de Hacienda se presenta también como petición generalizada de las comunidades autónomas «la necesidad de que se establezca su aportación a la nivelación», hasta ahora inexistente. El lehendakari, Iñigo Urkullu, defiende que el País Vasco aporta más del 6% al Fondo de Compensación Interterritorial al resto del Estado, pero el resto de gobiernos autonómicos exigen que contribuya también a los fondos de nivelación, que son los más importantes en cuantía y en los que no participan las comunidades forales. Además, las comunidades de Castilla y León y La Rioja, especialmente, han incidido en el perjuicio económico que les provoca su vecindad.

«También se han puesto de manifiesto los efectos perjudiciales que se producen sobre Comunidades de régimen común limítrofes con las Comunidades Forales, como consecuencia de las diferencias de regulación existentes», según el informe. En otros capítulos, Hacienda expresa opinión, pero no en el caso de este clamor sobre las comunidades forales. El Ministerio sí insiste en el documento en que apoya la suavización de las condiciones de la cuantiosa deuda autonómica con el Estado. No menciona la condonación, pero sí «la conveniencia de acometer una reestructuración transparente de la deuda de las CCAA con el Estado ampliando plazos o modificando tipos de interés para facilitar su vuelta ordenada a los mercados».

Hacienda y la mayoría de las comunidades comparten, según el documento, que «cualquier supuesto de reestructuración los incentivos deben asegurar que las CCAA convergen hacia el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». El consenso es «reducir de forma sustancial» los mecanismos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), entre otros, «de manera que su utilización por las CCAA sea cada vez más extraordinaria y motivada por una verdadera necesidad de liquidez o por la existencia de situaciones financieras muy graves, produciéndose una vuelta de las CCAA a los mercados financieros de forma ordenada para mantener la confianza de los inversores y no generar incertidumbre, disrupciones ni volatilidad».