El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, abogó ayer, durante la inauguración en Santander de la cuarta edición del curso Una Justicia de futuro, organizado por el Ministerio de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), por abrir el diálogo con los actores del mundo de la justicia para llegar a soluciones de consenso que resuelvan los problemas que aquejan a un servicio público que debe prestarse para y por la ciudadanía.

Además, en línea con los ejes de trabajo del Ministerio presentados recientemente, ha subrayado el compromiso por la modernización de la justicia. En palabras del secretario de Estado, la transformación digital no tiene vuelta atrás: «o es papel 0, o es papel mojado», ha afirmado. Asimismo, ha destacado la apuesta por una justicia que sirva a los intereses públicos, y que proteja especialmente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género y al colectivo de personas con discapacidad.

En su discurso, Dolz ha desgranado los ejes principales de trabajo del nuevo equipo del ministerio, sobre los que giran las reformas propuestas la pasada semana en el Congreso de los Diputados por la ministra Dolores Delgado. Entre las prioridades, acercar la justicia a la ciudadanía, que demanda un cambio de rumbo, para que la perciban como creíble, cercana y transparente. Pese a las limitaciones presupuestarias (el Ministerio tan solo cuenta con el 0,3% en las cuentas generales del Estado y «el 80% se dedica a gastos de personal»), cree que hay medidas que pueden abordarse, y ha pedido el esfuerzo de todos los profesionales, como, por ejemplo, las “salas amigables” para evitar la “revictimización” de los menores mediante la reiteración de declaraciones sobre las agresiones sufridas, o como la reforma de la legislación civil basada en el “respeto a la voluntad y preferencias de las personas discapacitadas”, como regla general en la toma de sus propias decisiones.

En este sentido, ha adelantado que los trabajos de esta ambiciosa reforma están terminados y que se elevará próximamente como anteproyecto a Consejo de Ministros. Más cauto ha sido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), basada en el modelo del fiscal instructor y bajo la mirada de la perspectiva de género, señalando que se sentiría satisfecho si se llega a presentar un anteproyecto. Por otro lado, ha indicado que el anuncio de la derogación 324 de la LEcrim, que limita en un primer momento a seis meses el tiempo de investigación permitido para una causa, responde a una «necesidad de los colectivos» y que ha provocado conflictos entre jueces, letrados y ministerio fiscal, al margen de los ámbitos de impunidad que puede ocasionar.

Dolz ha abogado por la recuperación de la justicia universal, en la línea ya anunciada por la ministra, y ha subrayado que existen «deficiencias» en la euroorden, específicamente respecto a la doble incriminación. A su juicio, no se pueden cuestionar los sistemas judiciales de los Estados miembros de la Unión, y hay que perfeccionar la cooperación judicial.

El secretario de Estado ha querido finalizar su intervención con una cita de Cicerón: «El bienestar del pueblo es la suprema ley», remarcando que este es el objetivo del nuevo equipo, con la colaboración de todos los actores de la justicia.