La inversión que las Administraciones Públicas dedicaron a la asistencia justicia gratuita creció en 2017 un 1,9%. Una cifra que, no obstante, es inferior al incremento que experimentó el número de asuntos atendidos por los letrados inscritos en este servicio. El aumento tampoco sirve para recuperar el presupuesto dedicado a este fin en los años previos a la crisis. Los 243,2 millones destinados el año pasado aún quedan lejos de los 254,5 de 2011 (un 5% menos), tal como pone de manifiesto el XII Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
La situación de este servicio y, en especial, la de los letrados dedicados al turno de oficio, es una de las grandes preocupaciones en las que insisten el CGAE y los Colegios de Abogados. La actualización de las retribuciones introducidas por algunas comunidades autónomas el año pasado es una de las razones que explican el incremento presupuestario. Además, en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia, los Presupuestos Generales del Estado de este año incorporan una subida de entre el 20 y el 35%, según el tipo de asunto tramitado.
Los incrementos, sin embargo, siguen siendo insuficientes para la abogacía, que considera no basta con recuperar los recortes efectuados durante la crisis, sino que es necesario un esfuerzo mayor.
Unas reivindicaciones que parecen no haber caído en saco roto. O al menos eso dio a entender ayer durante la presentación del informe el nuevo secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo Llorente, que trasladó la voluntad del Ministerio que dirige Dolores Delgado de incrementar la dotación destinada al ámbito de la justicia gratuita y abordar la diversidad de retribuciones que se produce en las distintas comunidades con competencias transferidas.
Viejo Llorente también se comprometió a «regularizar los pagos» para que estos se hagan «en el momento oportuno». «Los profesionales deben saber cuándo van a ser retribuidos, sin que haya situaciones anómalas», expresó.
Estos y otros asuntos, como el establecimiento de unas pautas comunes sobre cómo deben respaldar las Administraciones el servicio de asistencia jurídica gratuita, se contendrán en un Reglamento que el equipo de la ministra Delgado se propone aprobar esta misma legislatura.