Los expertos desconfían de la reforma del alquiler que quiere aprobar Pedro Sánchez, dado que las medidas proyectadas tenderán a limitar la entrada de viviendas en el mercado, en lugar de incentivarla, lo que incrementará el desequilibrio entre la oferta y la demanda y presionará todavía más los precios al alza. El plan del Gobierno pasa por cuatro vectores: ampliar de tres a cinco años la prórroga forzosa en los contratos de alquiler, limitar las fianzas y garantías adicionales que el propietario puede imponer al inquilino, poner trabas al alquiler turístico y, además, promover la construcción de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social.

En primer lugar, la extensión de los plazos del contrato no supone una solución en sí misma, «sino que depende del momento del mercado», explica José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. «Tiene el objetivo de que la gente que apuesta por el alquiler pueda tener un proyecto estable de vida, pero habrá que ver si al final acaba retrayendo a la oferta o paralizando las inversiones», añade José Luis Ruiz Bartolomé, director general de Chamberí AM. Aunque otros expertos como Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa ven necesaria la medida para «dar seguridad al inquilino», tampoco «ven cómo puede ayudar a bajar los precios».

En segundo lugar, el límite a las garantías adicionales que puede exigir el propietario hará más asequible la entrada en una nueva vivienda, pero «si se hace sin ofrecer seguridad jurídica a cambio, los propietarios no van a querer alquilar, lo que disminuirá la oferta y elevará los precios», señala Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro. «Hay que pensar que cuando un propietario exige esto es porque los impagos o los desahucios no están bien resueltos», indica Ruiz Bartolomé.

En definitiva, «se intenta hacer cosas, pero las medidas no van orientadas a fomentar la oferta que es donde está el problema que hace que los precios suban», afirma Julio Gil, director de Horizone Consulting. Los expertos en el mercado inmobiliario reprochan al Gobierno que, en lugar de dar incentivos para estimular el mercado, lo que hace es restringirla, aumentando el poder de negociación de los caseros que quieran mantener su vivienda en alquiler. «La reforma, con los plazos y las garantías, lo que hace es volver atrás a la ley anterior, que hacía a los propietarios pensarse su poner su vivienda en alquiler», subraya Manuel Gandarias, director general de Civislend.

En tercer lugar, el Gobierno quiere limitar el mercado de alquiler de viviendas turísticas, con la intención de que parte de estos inmuebles se destinen al alquiler residencial. Sin embargo, el alcance de esta medida es limitado, en tanto que el número de viviendas destinadas a este uso no es muy elevado y ambos mercados no están directamente conectados. «El turismo y el residencial son mercados diferentes, está en localizaciones muy concretas», explica Gandarias.