Si un trabajador próximo a la jubilación quiere pedir información a la Seguridad Social para consultar cuestiones sobre su cotización y próxima pensión, la consulta puede convertirse en una odisea. Para empezar, no puede dirigirse directamente a una oficina de este organismo, sino que debe pedir cita, o bien telemáticamente o a través de un sistema automatizado de atención telefónica en el que es muy difícil que atienda una persona física. Cuando finalmente se consigue esa cita, lo normal, en muchas oficinas es que no se produzca antes de un mes o más.

“Ahora es imposible dar un servicio de mínima calidad en las oficinas de la Seguridad Social; la falta de personal es ya muy preocupante y las jubilaciones que vienen son masivas y no se reponen; tampoco se pueden pasar trabajadores de una entidad gestora a otras porque cada una es un reino de taifas”. Así describe la situación actual, Marian Mur, portavoz de Seguridad Social del sindicato de funcionarios CSIF

En España hay unos 27.000 empleados públicos que trabajan para la Seguridad Social. Y el propio Gobierno admitió a principios de este año que había unas 237 oficinas y agencias de la red de este sistema público con un máximo de tres trabajadores, lo que supone una de cada cuatro (el 27%).

Además, los gestores de personal de la Seguridad Social esperan jubilaciones masivas en los próximos años. “La plantilla está llena de empleados babyboomers que se jubilarán próximamente y que no se están reponiendo. Mucha menos gente tendrá que gestionar muchas más prestaciones”, añadió Mur. Esta situación había llevado a los representantes sindicales de la Seguridad Social al borde de la movilización y la huelga

Sin embargo, el equipo que gestiona este organismo en el nuevo Gobierno socialista, con Octavio Granado al frente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tiene un plan para reestructurar esta importante parte de la Administración Central del Estado.

De hecho, la mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos (CSIF, CC OO, UGT, CIG y ELA), han llegado a un acuerdo para empezar a negociar este mismo mes de diciembre una nueva organización de la Administración de la Seguridad Social. La nueva estructura administrativa englobará de forma unitaria a las Entidades Gestoras y los servicios comunes “bajo una misma estructura que permita reordenar y racionalizar los medios humanos disponibles”.

En concreto, planean crear un organismo autónomo –las restricciones presupuestarias ya no permiten crear una Agencia estatal como era la intención inicial de Octavio cuando ya ocupó la secretaria de Estado entre 2004 y 2011– que agrupe a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM), el Imserso o los servicios jurídicos.

Esta propuesta, que aún está pendiente de desarrollo normativo, revisará los concursos de empleo público para la Seguridad social, “reforzando en las bases el trasvase de personal entre Entidades Gestoras y Servicios Comunes, disminuyendo las diferencia entre las áreas funcionales”, indica el texto del acuerdo. Esto posibilitará cambios de personal de una entidad a otra, algo que es imposible desde finales de los noventa.

Junto a la oferta de empleo, otra de las primeras cuestiones que, según este acuerdo se revisará –“con efectos a 1 de enero de 2019”– será la regulación de la productividad por cumplimiento de objetivos, que no se ha modificado en veinte años, desde su creación en 1998.