El Estado español ha sufrido un nuevo revés, el tercero, en un arbitraje internacional por los recortes a las renovables que se aplicaron en los años 2010 y 2013, al fallar el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, a favor de Masdar, informaron fuentes jurídicas. Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dhabi y dueño también de la petrolera Cepsa, presentó su arbitraje ante el Ciadi en febrero de 2014, recurriendo, en su caso, los recortes que sufrió la termosolar. El despacho Allen and Overy ha sido el encargado de defender los intereses de la firma.

En concreto, Masdar Solar era socio en España de Sener en la firma Torresol, dedicada a la generación de energía termosolar. El grupo disponía de la planta termosolar Gemasolar, que cuenta con una potencia nominal de 19,9 megavatios (MW). Fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital indicaron que el fallo reconoce a la demandante una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones que reclamaba.

Además, subrayaron que la Abogacía del Estado, que ha conseguido que este fallo se haya quedado en su estimación parcial, está estudiando la resolución, de más de 400 páginas, para su posible recurso. Este es el segundo revés que sufre el Gobierno de España ante el Ciadi, después de que en mayo del año pasado el organismo dependiente del Banco Mundial fallara a favor de Eiser Infraestructure, condenando a pagar 128 millones de euros más intereses a la firma británica.

No obstante, el Gobierno de España presentó ante el Ciadi recurso contra el laudo favorable a Eiser Infraestructure, al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Además, el pasado mes de febrero, España registró otro laudo en contra de la Cámara de Comercio de Estocolmo que le obligaba a pagar 53 millones de euros a la firma NovEnergia.

Este laudo, en el que los tres árbitros fallaron a favor del demandante, dio la razón al fondo de inversión con sede en Luxemburgo, al considerar que el recorte que supuso el Real Decreto 9/2013, la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno del PP, supuso un «cambio brusco y de sistema» con respecto a las modificaciones anteriores que habían supuesto ya los recortes de finales de 2010, con el PSOE en el poder.