PP y PSOE, que suman el 62% de los escaños del Congreso, han negociado a solas en los últimos meses el reparto de los 20 vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, según el primer acuerdo alcanzado entre las dos fuerzas, ambas formaciones se quedarán prácticamente con todos los sillones del órgano.

Solo Podemos está intentando rebañar dos nombres propios: la juez Victoria Rosell, candidata de la formación al Parlamento en las elecciones de 2015, y Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra y con un reconocido perfil por los colectivos feministas. Según fuentes de las negociaciones, ambas tendrán que ser consensuadas previamente entre el equipo de Pablo Iglesias y el Gobierno. Al igual que otros dos de los candidatos propuestos, José Ricardo de Prada y José María Fernández Seijo, aunque estos ya figuraban también entre las preferencias de los socialistas.

De esta forma, los dos principales partidos del país, que apenas suman actualmente el 62% de los diputados —el segundo de los porcentajes más bajos del bipartidismo desde el inicio de la actual etapa democrática, solo por detrás del mínimo marcado en los comicios de 2015—, participarán directamente en la designación de los 20 vocales. Es decir, en el 100% de los elegidos.

El acuerdo implica que a nueve de ellos los propongan los populares, que han admitido quedarse en minoría a cambio de que se designe al conservador Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ. Y a los otros 11, el PSOE, que consensuará cuatro de ellos con Podemos, según afirman fuentes de la coalición de izquierdas. Ciudadanos, por su parte, se ha excluido del proceso al discrepar del método de designación, al que califica como un «reparto a dedo de los jueces», en palabras de Albert Rivera.

Pese a los matices derivados de las conversaciones de los socialistas con la formación de Iglesias, el porcentaje de vocales propuestos exclusivamente por el bipartidismo (80%) se quedará muy lejos del que le correspondería si se respetase la proporcionalidad del Congreso. Así, si se hiciera un reparto en función del número de escaños que actualmente tienen en el hemiciclo, al PP (con 134 diputados) le tocarían ocho miembros. Al PSOE, con 84 escaños, solo cinco —y, en cambio, va a participar en la designación de 11—. A Podemos, cuatro. A Ciudadanos, dos. Y al resto de fuerzas, uno.

Pero la negociación entre populares y socialistas, que cuentan con tres quintas partes de ambas Cámaras para sacar adelante su acuerdo, se aleja de esa distribución y deja fuera a las fuerzas políticas minoritarias que históricamente han logrado representación. Sobre todo, a los nacionalistas vascos y catalanes, que tradicionalmente conseguían proponer a algún vocal gracias a su capacidad de influencia en las Cortes.

Un repaso a la composición del CGPJ durante los últimos 30 años evidencia este sistema, que siempre ha guardado una aparente correlación. En 2013, por ejemplo, cuando PP y PSOE sumaban el 85% de los escaños, ambas fuerzas propusieron a 17 vocales (85% del total) —entre ellos a Fernando Grande-Marlaska, impulsado por los populares y actual ministro del Interior de Pedro Sánchez—. Los otros tres nombres surgieron desde las filas de IU, CiU y PNV.