El capital riesgo patrio consigue por la vía foral lo que lleva años pidiendo al Gobierno estatal. La Diputación Foral de Álava y el Gobierno de Navarra preparan sendas reformas de la tributación de la comisión de éxito que se embolsan los gestores de fondos de capital riesgo. Se trata del llamado carried interest por el que en la mayor parte del territorio nacional los fondos de private equity cotizan de forma similar al IRPF, al 49%.

El carry es la cantidad que se reparten los gestores de un fondo de capital riesgo una vez que desinvierten por completo el vehículo y devuelven a sus partícipes la inversión inicial, así como la rentabilidad obtenida. Este bonus funciona como una especie de premio para los mejores gestores, dado que cuanto mayor revalorización consigan en sus carteras, mayor será el remanente que se embolsarán.

En enero de este año la Diputación Foral de Guipúzcoa tomó la iniciativa, aprovechando la independencia tributaria de la que gozan determinados territorios. En una norma emitida por el Gobierno foral, pilotado por el PNV, permitía que estos bonus pasasen a tributar como dividendos, con una retención de entre el 19% y el 23%, y como rentas del trabajo.

«Siguiendo la corriente de los principales países de la Unión Europea, se regula la tributación de la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo, como rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad», reza el documento.

Meses después fue la Diputación Foral de Bizkaia la que tomó una decisión similar. En verano publicó un decreto en el que establecía que los gestores de «fondos de inversión alternativos» podrían beneficiarse de beneficios fiscales que redujesen su factura final. Para ello el fondo debe estar en activo al menos cinco años y debe repartir una rentabilidad mínima a sus partícipes.

Una vez que ambas entidades provinciales han instaurado ya esta medida, las otras dos instituciones con competencias similares trabajan para desarrollar medidas similares. Por el momento, la Diputación Foral de Álava, gobernada también por el PNV, ultima un reglamento, que espera cuente con el visto bueno del consejo de Gobierno de este jueves. Previsiblemente y según indican las fuentes consultadas a este periódico, pivotará sobre lo dispuesto en la normativa vasca.

Más lejos está su implementación en Navarra, si bien la medida está sobre la mesa de la presidenta socialista, María Chivite. Para ello deberá convencer a su socio de Gobierno, Podemos, en general reacio a las bajadas de impuestos. Más fácil parece la aquiescencia de sus otros socios Geroa Bai, partido vinculado por el PNV, quien ha impulsado este cambio normativo en las tres provincias vascas.