El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con un amplio apoyo parlamentario de 114 votos a favor, 19 en contra y una abstención la Ley de Medidas Procesales y Administrativas frente al Covid-19 impulsada por el Ministerio de Justicia, que incluye una reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa que permitirá traspasar el control de las medidas antipandemia a los tribunales superiores (TSJ).

El ministro de Justicia, presente en la sesión, ha mostrado su agradecimiento a todos los grupos por el trabajo conjunto realizado para lograr un texto de consenso. Únicamente han mostrado su desacuerdo con la norma los diputados de Vox y JxCat.

El resto de grupos parlamentarios, incluido el PP, ha saludado la nueva ley, si bien el diputado popular Miguel Ángel Jerez ha recordado que el proyecto llegó con muchos errores y sin el consenso de los operadores jurídicos, algo que ha debido solventarse a lo largo de la tramitación parlamentaria.

Junto con Edmundo Bal, de Ciudadanos, Jerez ha criticado disposiciones cuya aplicación ya es irremediable, como la habilitación de días de agosto que dejó sin descanso a abogados y procuradores, especialmente de despachos pequeños, sin que ello haya servido para nada de cara al colapso que sufren los tribunales.

La reforma, anunciada hace sólo unas semanas por el PSOE, permitirá residenciar en los TSJ la competencia de determinadas resoluciones judiciales como las referidas a medidas limitativas de derechos fundamentales ante rebrotes por Covid-19, de modo que sea un tribunal colegiado, en vez de un juez unipersonal, el encargado de ratificar o no las decisiones de las comunidades autónomas en este ámbito.

Se busca así dotar de mayor seguridad jurídica a estas medidas tras las decisiones contradictorias adoptadas durante los últimos meses por jueces de lo contencioso de diferentes territorios.