El Consejo de Gobierno del BCE coincidió de forma unánime en la pasada reunión de diciembre en la necesidad de reforzar los estímulos monetarios en vigor con el fin de mantener unas óptimas condiciones de financiación ante un deterioro económico mayor del esperado y a la vista de que el objetivo de inflación se demora en el tiempo. Salvo el paréntesis de 2018, las previsiones macroeconómicas del BCE implican que la inflación en la zona euro se mantendrá por debajo del objetivo de la institución alrededor de una década, según reconocen las actas del encuentro del pasado 10 de diciembre publicadas hoy.

En esa cita, el BCE acordó ampliar en 500.000 millones de euros su plan extraordinario de compras de deuda y extenderlo hasta marzo de 2022, al tiempo que se prolonga la reinversión de los títulos que venzan hasta al menos finales de 2023. Y se adoptó también un nuevo refuerzo a las líneas de liquidez TLTRO III para la banca, la vía con la que el BCE se esfuerza en que el grifo del crédito siga abierto.

Las actas revelan cierta inquietud de la institución respecto a que esa lluvia de liquidez se traduzca de forma efectiva en financiación a las empresas y particulares. Se hizo una mención expresa a los factores que pesan no solo en la oferta de crédito sino en la demanda y se citó “el elevado nivel de ahorro de las empresas” y a la posibilidad de que estén saciadas de liquidez, como medida preventiva. Pero, además, el BCE mostró su inquietud a que, por parte de la oferta de crédito, la banca pueda desviar la liquidez que ofrece el banco central a la compra de deuda soberana.

El economista jefe Philip Lane propuso en principio un aumento del stock de la cartera de crédito computable para pedir liquidez por un volumen equivalente en las líneas TLTRO desde el 50% al 60%, después de que ya con anterioridad se hubiera elevado desde el 30%. Pero hubo discrepancias en cuanto a que podría elevarse en exceso la dependencia de la banca con el BCE como fuente de financiación y a que “podría inducir a la banca a invertir más en deuda soberana”. Así, se acordó establecer un nuevo porcentaje en el 55% y no en el 60%.

Respecto al aumento de las compras de deuda, fue respaldada de forma mayoritaria por el Consejo de Gobierno, aunque sí hubo discrepancias sobre su magnitud. Algunos miembros del Consejo de Gobierno estuvieron a favor de «un aumento más moderado» con el argumento de que “todavía había disponible suficiente espacio para adquisiciones de las decisiones pasadas y en el entorno de elevada incertidumbre merecía la pena ser cautelosos para mantener la opción de realizar más ajustes en el futuro». Otros en cambio defendieron un aumento mayor de las compras de deuda porque consideraron que los 500.000 millones de euros que había propuesto Lane eran «insuficientes» para relajar más las condiciones financieras y conseguir que suba la inflación. Finalmente, se optó con el incremento propuesto por Lane, hasta los 1,85 billones de euros.

En las actas también queda de manifiesto el compromiso del BCE de seguir apoyando a la economía de la zona euro y de lograr su objetivo de inflación, lo que “podría también incluir el recorte de la facilidad de depósito”, según recogen las actas. Aun así, en la reunión se acordó la conveniencia de continuar con las medidas ya en vigor, como el plan de compras PEPP y las líneas de liquidez TLTRO, sin que hubiera necesidad de adoptar otras nuevas.