El Gobierno de Pedro Sánchez abrió esta semana un inesperado frente en el marco de la solicitud de la prórroga del estado de alarma que le costó una disputa interna, dejar en el aire su estrategia de alianzas parlamentarias y tener que dar muchas explicaciones. El pacto del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para asegurarse su abstención a la quinta ampliación recogía la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012 en plena crisis por la pandemia, algo que fracturó la relación con la patronal de empresarios y llevó al Ejecutivo a comprometerse este viernes a llevar esa contrarreforma al diálogo social.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en el que se ratificó la extensión del estado de alarma, que el dialogo con las organizaciones empresariales y sindicales “es más importante que nunca” y ligó las reformas en materia laboral tanto al diálogo social como al político.
«Solo de la mano del dialogo social vamos a llegar acuerdos beneficiosos para todas las partes», dijo, añadiendo que «la intención del Gobierno ha sido, es y será la negociación de todas las cuestiones laborales que tenemos planteadas en nuestra hoja de ruta en el marco del diálogo social». En este sentido, Montero explicó que la derogación de la reforma laboral es en realidad “un concepto” tras el que está la idea de impulsar un “nuevo Estatuto de los Trabajadores”,
La ministra señaló que desde la aprobación de esa reforma en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy «sin ningún tipo de negociación con el resto de fuerzas políticas» puesto que contaban con mayoría absoluta, las formaciones que componen el Gobierno actual han pedido un cambio de legislación. Con ello, explicó que esta intención se recoge en acuerdo programático de investidura enmarcado en el diálogo con los agentes sociales y aseguró que desde el Gobierno van «todos a una» aunque haya «distintas sensibilidades».
El pacto que dio a conocer la formación abertzale suponía ir un paso más allá del discurso que venía manejando el Gobierno antes de desatarse la pandemia, cuando hablaba de derogar solo los aspectos “más lesivos” de esta regulación. Al desatarse la polémica, el ala ortodoxa del Ejecutivo obligó al PSOE a rectificar, abriendo un duro enfrentamiento entre ministros y vicepresidentes que se hizo público en declaraciones contradictorias.
Así, una de las consecuencias fue la ruptura con la gran patronal de empresarios que el pasado jueves, tras darse a conocer por sorpresa la noticia, decidió abandonar las reuniones de negociación con el Gobierno. El jefe del Ejectuvio, Pedro Sánchez, fue el que llamó en persona al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para intenatar relajar tensiones. Por su parte, la ministra Montero el viernes volvió a tender una mano a la patronal y dijo confiar en «su persona» y conocer «el sentido de la responsabilidad» del presidente de la CEOE, señalando «que no es un patriota de boquilla», dado que defiende siempre el interés general y el «legítimo interés» de las empresas.
Además, la ministra justificó el acuerdo con Bildu en la necesidad de “amarrar los apoyos” para garantizar la prórroga del estado de alarma que permite ordenar el confinamiento de la población protegiéndola de la pandemia. Montero sostuvo que la “dimisión de responsabilidad del PP” y la “dinámica imposible” de otros partidos progresistas, en referencia a ERC, obligaron al Gobierno a negociar aspectos ajenos al decreto.
«Lo deseable hubiera sido es que el principal partido de la oposición no hubiera dimitido de su responsabilidad», dijo, añadiendo que «lo lógico hubiese sido también que las fuerzas progresistas no hubieran entrado en una dinámica imposible».