El Gobierno suspende la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit

El Gobierno suspende la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit

El ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019. El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales, según ha confirmado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en declaraciones a La Sexta, que ha destacado que esta medida es imprescindible para que los ayuntamientos puedan disponer de mayores recursos en un momento especial delicado por la pandemia.

Montero ha explicado que su intención es plantear esta propuesta a los grupos parlamentarios para impulsar un nuevo decreto ley que sustituya al derogado la semana pasada en la Cámara baja. Montero ha adelantado que el Gobierno presentará un nuevo real decreto para suspender la regla de gasto de los ayuntamientos en 2020 y facilitar que estos puedan incrementar su gasto para hacer frente a la crisis después de que la pasada semana fuera derogado en el Congreso de los Diputados el real decreto que ya incluía dicha suspensión.

«La regla de gasto se suspende para 2020», ha señalado. «Estamos trabajando para 2021, por lo que tendremos que acomodarla en la norma que mejor convenga». «Ahora estamos hablando de urgente y extrema necesidad, 2020», declaró, para añadir que su vocación es «que en 2021 también estén suspendidas las reglas fiscales para los ayuntamientos».

«A pesar de que los grupos parlamentarios no convalidaron el real decreto ley», ha subrayado la titular de Hacienda, «vamos a adelantar una propuesta, previa confirmación con todos los grupos políticos». La intención del Ejecutivo es «impulsar un decreto ley que permita que el 85% de las medidas que contaban con un amplísimo consenso de esta norma podamos volver a presentarlo y en paralelo se vaya discutiendo con el fondo de la cuestión, que tiene que ver con fondos y remanentes».

El real decreto ley rechazado por la Cámara Baja incluía la suspensión de la regla de gasto de los ayuntamientos, acogiéndose a la cláusula que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla y que permite desactivar las reglas fiscales en situaciones excepcionales como la actual pandemia de coronavirus. La norma, sin embargo, fue derogada ante el rechazo generalizado de la Cámara Baja, en la que todos los partidos, salvo PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe, se opusieron a la fórmula ideada por Hacienda para permitir a los ayuntamientos hacer uso del remanente acumulado con los superávits de ejercicios pasados.

La suspensión de la regla de gasto para 2020 permitirá a los consistorios gastar más en este ejercicio, pero no permite hacer uso del remanente, ya que, al no tener un ingreso equivalente en el ejercicio actual, supondría incurrir en déficit, algo que el artículo 135 de la Constitución prohíbe a los ayuntamientos. «Los vecinos van a poder disponer de mayores recursos; los propios ayuntamientos son un motor indudable en la economía para poder activar sectores tan importantes como el de la construcción o el de la cultura», ha dicho la ministra.

En una nota emitida también hoy, el Ministerio de Hacienda señala que impulsará en las próximas semanas un nuevo decreto que, entre otras medidas, ya previstas, suspenderá la regla de gasto en 2020 a fin de que los ayuntamientos tengan más recursos y un mayor margen presupuestario. El nuevo texto tendrá, según Hacienda, un impacto que superará los 3.000 millones de euros y en él se incluirán las medidas que «aparentemente» generaron un mayor consenso entre los alcaldes. Es por ello, que el nuevo decreto no adoptará medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que ha evidenciado una falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el Congreso.

Montero ha expresado la mejor de las disposiciones para escuchar las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos. Confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que necesitan los ciudadanos. «El Gobierno es consciente de la importancia de los municipios para abordar la fase de reconstrucción económica y social del país al ser la administración más cercana a los ciudadanos», asegura.

De este modo, se recuperarán las medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los ayuntamientos, habilitando las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. El nuevo texto apuesta por suspender la regla de gasto en 2020 -algo ya previsto en el anterior decreto-, prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones y ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con problemas, entre otras.

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, con un impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros. Por otro lado, también se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las entidades locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación y se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito.