La suspensión de toda la actividad judicial no urgente mientras dure el estado de alarma ha obligado a posponer miles de vistas que estaban previstas en los tribunales para estas semanas, algunas de ellas señaladas desde hace más de dos años, y jueces, fiscales, letrados y abogados temen que las consecuencias del parón se arrastrarán durante muchos meses.

A ellos se une el previsible aluvión de asuntos derivados de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos, impagos, desahucios y sanciones impuestas por el confinamiento. Para intentar evitar el colapso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la elaboración de un plan de choque y advierte de que serán necesarias reformas legales procesales y nuevas formas de organización.

La elaboración del plan correrá a cargo de la comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo, pero se constituirá un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional para diseñar las medidas específicas. El principal objetivo, según una nota difundida este jueves por el órgano de gobierno de los jueces, es paliar el atasco previsto y agilizar la resolución de los asuntos cuyo retraso incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. El plan también pretende proporcionar a los jueces un escenario “fiable” para la vuelta a la normalidad con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente, explican desde el Consejo.

“Resulta absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma”, señala el órgano de gobierno de los jueces, que asume que en el momento en que se levante el confinamiento se producirá una situación “inédita y excepcional” en los tribunales.