Es la conclusión de un grupo de expertos de distintas universidades en un informe de reciente publicación elaborado para la Fundación Bertelsmann. Se trata, parafraseando a Gabriel García Márquez, de una muerte anunciada porque desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos se ha negado a renovar los puestos de quienes se iban jubilando y el tribunal que inicialmente tenía siete miembros ya solo está formado por tres jueces, el mínimo establecido en la norma. Dos de ellos terminan mandato este martes.

Sin ese órgano en funcionamiento, la autoridad indiscutida de la OMC desaparece. “El 80% del trabajo que hace la OMC es evaluar las políticas comerciales de los distintos países para asegurarse de que cumplan con las reglas de la OMC”, explica Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. “Otro 15% se dedica a crear nuevas normas comerciales y el 5% a la resolución de conflictos”, aclara González, que estuvo en la OMC ocho años como jefa de gabinete del entonces director Pascal Lamy.

Es en la resolución de conflictos donde hoy en día reside el gran poder de la OMC, ya que los Estados miembros se comprometen a acatar las resoluciones de su órgano de apelación. “Eso tiene consecuencias muy serias. Habrá una tendencia creciente, aunque no inmediata, a saltarse las normas comerciales porque las resoluciones del tribunal ya no serán de obligado cumplimiento”, advierte un experto negociador europeo.

El tribunal de arbitraje y el órgano de apelación fueron la gran aportación de la Organización Mundial de Comercio —que el año que viene cumplirá 25 años— frente al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en sus siglas en inglés), que regía hasta 1995 las relaciones comerciales de sus miembros. Un país puede acudir al tribunal si considera que otro ha incumplido las reglas comerciales, esa decisión puede ser después recurrida ante el órgano de apelación, contra cuya decisión no caben más recursos y es de obligado cumplimiento para las partes. Como explica Chad P. Bown, del Peterson Institute en Washington, ese sistema ofreció a Estados Unidos una apertura regulada de los mercados internacionales y garantías al resto del mundo de que Washington no podía adoptar medidas unilaterales en su contra. Es decir, se pasó del imperio del poder, el que imponían las grandes potencias, al imperio de la ley.

Desde hace unos años, independientemente de la Administración que ocupase la Casa Blanca, Estados Unidos entiende que ha habido una serie de decisiones de ese tribunal que le perjudican, especialmente las relacionadas con las prácticas antidumping—las que permiten exigir compensaciones a terceros países si venden más barato fuera que dentro de su país— y con las subvenciones ilegales, sobre todo las aplicadas por países que se consideran emergentes.

Lo cierto es que hay un consenso bastante generalizado entre las principales potencias sobre la necesidad de reformar este órgano de la OMC, sobre todo porque entienden que las normas actuales no sirven para responder a prácticas de capitalismo de Estado de China. Las decisiones, es otra de las críticas, tardan mucho en adoptarse: 153 días de media frente a los 90 días que marca el reglamento. “Pero muchas de esas quejas se podrían resolver si hubiera una voluntad política de preservarlo”, apuntaba Bown en una conferencia esta misma semana.