La sala de lo civil del Tribunal Supremo considera «indispensable» el nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales» para que en comisión de servicios en el gabinete técnico sirvan de apoyo y se evite el «colapso» ante la «avalancha» de recursos que se prevé. Así consta en el informe emitido por el magistrado presidente de la sala de lo civil del alto tribunal, Francisco Marín Castán, aprobado por la sala de gobierno del Supremo en el Acuerdo de 15 de noviembre.

Según ha precisado, el apoyo a la sala por parte de estos cinco magistrados «se concretará en la preparación de proyectos de sentencias sobre cuestiones en las que haya doctrina jurisprudencial reiterada». Marín Castán ha advertido de que sin sumar estos cinco jueces la Sala no es capaz de «dar respuesta adecuada» a la «avalancha» de recursos y ha asegurado que no podrá asumir un incremento como el que se prevé «si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación».

Así, ha avisado que si no se adoptan las medidas necesarias «el perjuicio para la Administración de Justicia será doble». «No solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que será ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aporta a la formación de jurisprudencia», ha señalado.

En este sentido, Marín Castán ha indicado que en estas circunstancias «será imposible» que la sala de lo civil desempeñe su «función esencial de tribunal de casación en el resto de materias, con la negativa repercusión que ello produce en la litigiosidad civil que, a falta de criterios unificadores, seguirá su línea ascendente tanto en primera como en segunda instancia». En el marco de su informe, el magistrado ha recordado que la medida solicitada tiene como precedentes las decisiones adoptadas para la sala tercera y sala cuarta del Supremo como «remedio urgente» de unas situaciones extraordinarias como la que actualmente atraviesa la sala primera. «Se acude a la misma fórmula en la confianza de obtener el mismo éxito que se alcanzó entonces», ha dicho.

Según ha explicado Marín Castán, desde 2014 la sala de lo civil ha puesto de manifiesto un «claro y progresivo incremento» en el número de recursos de casación y extraordinarios de infracción procesal registrados, lo que ha supuesto un «aumento del número de asuntos pendientes de resolver». «Si en 2020 hubo un registro general de entrada de 7.680 asuntos, en 30 de septiembre de 2021 hay registrados 8.163 y la proyección a 31 de diciembre de 2021 alcanzará los 11.224», ha señalado el magistrado para subrayar que este «incesante» flujo se refleja en la pendencia general de asuntos ante la Sala. «Si el año 2019 se finalizó con una pendencia de 12.659 asuntos, al cierre de 2021 se elevará a 19.591, un incremento del 54,7%», ha advertido.

Marín Castán ha asegurado que desde la sala de lo civil se han adoptado medidas de reorganización para hacer frente a la carga de trabajo, pero ha asegurado que hasta ahora han sido «insuficientes». Además, ha recordado que se dio la circunstancia del cese por jubilación de dos magistrados en noviembre de 2020 y que hasta ahora solo se ha dado cobertura a una de las plazas. «Pese las adversidades y como manifestación de su tesón, la sala ha ido incrementado el dictado de sentencias en los dos últimos años», ha señalado, pero ha advertido de que «a pesar de ese encomiable esfuerzo, no es posible dar respuesta adecuada a la avalancha de recursos».