A la disparidad de restricciones planteadas por las comunidades autónomas para contener la pandemia tras el fin del estado de alarma, este pasado domingo, se le suma la diferencia de criterio de los tribunales regionales a la hora de avalarlas. El caso más claro es el del mantenimiento del toque de queda, que la los jueces autonómicos tumbaron en Canarias, como también pasó en Euskadi, pero fue refrendada en las comunidades valenciana o balear. Canarias recurrirá y el asunto acabará en el Tribunal Supremo, al que el Gobierno central ha dado la última palabra en este asunto para tratar de homogeneizar el marco autonómico de respuesta al Covid.

La última resolución en este sentido fue la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) este domingo, cuando denegó la pretensión del Gobierno regional de mantener el toque de queda y la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles 3 y 4 de alerta por contagio. En paralelo, sin embargo, el tribunal aceptó la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto y el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios públicos y privados, cerrados o al aire libre, a seis en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y 10 en las otras islas.

El tribunal alega que no es su cometido la revisión de la oportunidad de las medidas acordadas, sino analizar cuáles de ellas limitan o restringen derechos fundamentales de los ciudadanos y si tal limitación encuentra cobertura legal, por lo que deniegan las restricciones a la movilidad y el toque de queda desde las 23.00 horas en Gran Canaria, Lanzarote, El Hierro y Tenerife (en alerta 2) y desde las 00.00 horas en La Palma, La Gomera y Fuerteventura.

El Ejecutivo canario ya anunció ayer, recoge Efe, que recurrirá al Supremo. Este tendría cinco días para aclarar si las comunidades tienen potestad o no para aplicar estas restricciones. De momento los tribunales regionales han amparado el toque de queda en la Comunidad Valenciana y en Baleares, pero lo han denegado en el País Vasco. También Navarra ha planteado mantener el toque de queda, si bien la justicia aún no se ha pronunciado.