El pleno del Parlamento Europeo solicitó ayer que se acelere la adopción del tipo mínimo del 15% del Impuesto sobre Sociedades para las multinacionales, que debatirán los ministros de Economía y Finanzas en el Consejo del próximo martes. Con 503 votos a favor, 46 en contra y 48 abstenciones, los eurodiputados avalan la propuesta de la Comisión Europea del impuesto mínimo del 15% para las multinacionales con ingresos de más de 750 millones y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la Unión Europea, así como el límite de aplicación del 31 de diciembre de 2022.

Precisamente, la reforma fiscal internacional que ha aprobado la OCDE y que establecerá el tipo mínimo del 15% no supera las dificultades para su implantación y se retrasará, al menos, hasta 2024. En la Unión Europea, las negociaciones siguen encalladas tras el veto, por segunda vez, de Polonia. Además, la implantación en Suiza requiere una reforma constitucional que obligará a un referéndum público, que no se realizará hasta la segunda mitad del año. Por su parte, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden aún no tiene el visto bueno del congreso a su reforma fiscal, que incluye el impuesto mínimo que él mismo impulsó en la comunidad de la OCDE. Con todos estos escollos, los Estados asumen ya que la implementación del nuevo tipo no será en 2023, como tenían agendado los ministros de Finanzas de las economías desarrolladas, sino que se retrasará, al menos, hasta 2024. De hecho, aunque en la Unión Europea tenían prevista la entrada en vigor de esta normativa el 1 de enero de 2023, Francia ha remitido un documento en el que asume ya que se postergará a 2024.

La Eurocámara solicitó ayer la introducción de cláusulas de revisión para reevaluar el umbral de ingresos anuales por encima de la cual una multinacional estaría sujeta a esta tributación y han solicitado, además, analizar el impacto de esta legislación en los países en desarrollo.

Además, introdujo un artículo para evitar las estructuras que podrían contribuir a la evasión fiscal. La opinión del Parlamento será ahora remitida al Consejo, que debe formular el texto definitivo por unanimidad. "Nos habría gustado un tipo más elevado. Lo urgente ahora es que los Estados miembros se comprometan a aplicarlo con rapidez", señala la eurodiputada socialista, Aurore Lalucq.