La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), la patronal que defiende los intereses de Coca-Cola y Pepsico entre otras, cree que la subida del IVA a las bebidas azucaradas es «injusta, discriminatoria» y tiene «un claro componente ideológico», según un comunicado remitido este viernes. A su juicio, «se trata de un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas». La asociación defiende que la medida, incluida en el Plan Presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas y que se conoció en la noche del jueves, «se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa».

Anfabra describe que ocho países, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania, han aprobado reducciones del IVA para la reactivación del consumo. «Un impuesto a productos universalmente consumidos afectaría a todos y especialmente a las rentas más bajas, las más golpeadas por la crisis, lo que mermaría aún más su poder adquisitivo», dice la patronal de Coca-Cola, que defiende que gravar las bebidas azucaradas o edulcoradas «no tiene ningún rigor científico» porque «son productos seguros y evaluados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)»

Anfabra defiende además que las propias empresas han reducido el contenido de azúcar en sus productos en un 35% entre 2005 y 2018. «El sector de bebidas refrescantes apuesta por la promoción de hábitos saludables y por compromisos voluntarios».

En la misma línea se ha manifestado la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la principal patronal del sector. Esta rechaza que la subida del IVA vaya a implicar un cambio en los hábitos de consumo, una de las razones que se esgrimen desde el Ejecutivo para argumentar la subida. “Solo tiene un efecto recaudatorio que además va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis”, explica FIAB en un comunicado.

Su director general, Mauricio García de Quevedo, cree que la subida impositiva «va a retraer de manera considerable el consumo», y acusa al Gobierno de «una gran falta de sensibilidad» hacia la hostelería, un sector «gravemente afectado por la pandemia”. García de Quevedo defiende que gravar las bebidas azucaradas no hará que el consumo se desplace a otro tipo de productos más saludables, y también cree que «no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”.

El Gobierno central sigue la estela de la Generalitat de Catalunya, que en 2017 ya aprobó su propio impuesto a las bebidas azucaradas, que está recurrido ante la justicia a la espera de una sentencia definitiva. El Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas (IBAE) grava a toda bebida que contenga edulcorantes añadidos como azúcar, miel, fructosa, sacarosa, jarabe de maíz, jarabe de arce, néctar y jarabe de arroz. Esto afecta a refrescos, zumos, bebidas isotónicas, bebidas vegetales, energéticas o aguas con sabores. En los tres años en los que ha estado en funcionamiento la Generalitat ha recaudado 99 millones de euros, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña. En 2019 fueron 34,7 millones, un 17% menos que en 2018.