Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sigan suspendidas las reglas fiscales de la UE, no quiere decir que se rebaje el compromiso con la responsabilidad de seguir avanzando en el recorte del déficit público. Así del déficit del 3,9% del PIB previsto para 2023, 3,2 puntos serán para la administración central, que recorta dos décimas su margen respecto al Programa de Estabilidad, para aumentar del 0,1% al 0,3% la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas. Precisamente hoy el Gobierno llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera esta propuesta de ampliar el margen de déficit para las autonomías hasta el 0,3% en 2023.
Por su parte, la tasa de referencia para la Seguridad Social se mantiene en un déficit del 0,5%, mientras que en el caso de las corporaciones locales se reduce una décima su previsión de superávit, quedando en un 0,1% del PIB. Sobre la Seguridad Social, la ministra indicó que el techo de gasto incluye una transferencia de 19.888 millones de euros desde el Estado central a la Seguridad Social, aumentando en cerca de 1.500 millones respecto a los 18.396 millones de la transferencia realizada en 2022, lo que supone un 8,1% más.
El objetivo sigue siendo alcanzar en 2025 un déficit público del 2,9%, tal y como ya se recogía en el Programa de Estabilidad entregado a Bruselas. En cuanto a la deuda pública, tras el 118,4% de 2021, también se mantiene la estimación de cerrar 2022 en el 115,2% y que baje al 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. La ministra Montero también se refirió a una posible negociación con los sindicatos la subida salarial de los empleados públicos para 2023, abriendo la posibilidad de que esta circunstancia se incluya dentro del pacto de rentas que el Gobierno reclama al sector privado con el fin de evitar y frenar una espiral precios-salarios.
Además, Montero se mostró en contra de modificar el Código Penal para incluir sanciones a las empresas que trasladen a los consumidores los nuevos impuestos para bancos y compañías energéticas, como pide Unidas Podemos, que reclama incluso cárcel para sus administradores.