La movilización de recursos públicos sin precedentes que el Gobierno anunció la pasada semana, cuando prometió desplegar 100.000 millones de euros en avales públicos para facilitar la concesión de hasta 200.000 millones en créditos destinados a reactivar la economía ante la pandemia del coronavirus, ya tiene letra pequeña.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado las condiciones de estas garantías que, finalmente, cubrirán el 80% del riesgo asociado a los préstamos que conceda la banca con estas garantías a pymes y autónomos. En el caso del resto de empresas, el porcentaje garantizado será 70% en caso de nuevos créditos y del 60% en el caso de renovaciones de préstamos ya concedidos. Estas condiciones, operarán sobre un primer tramo de 20.000 millones de los que la mitad estarán reservados para pymes y autónomos.

La financiación avalada, que tendrá carácter retroactivo desde el 18 de marzo (cuando se aprobó la medida) podrá solicitarse ante cualquier entidad que tenga suscrito acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta el 30 de septiembre de este año. Podrán solicitarla las empresas y autónomos que no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019, ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. La duración de los avales será igual a la de los créditos respaldados, con un máximo de cinco años.

El sector financiero venía advirtiendo que el grado de cobertura de los avales debía ascender al menos hasta el 80% puesto que una garantía sobre el 50% sería insuficiente para abrir el grifo del crédito habida cuenta del amplio riesgo que queda en manos de la banca en una situación complicada para todas las compañías del país. Las cifras aprobadas, por tanto, sugieren que la medida será efectiva. Además, el monto no supone un gasto público real salvo en caso de impago.

Como ya anticipaba este diario tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los avales servirán para garantizar “tanto la renovación de préstamos” como para cubrir el riesgo de la “nueva financiación” concedida “por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos”.

El Ejecutivo asume que gracias a este inédito paquete de garantías públicas, las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, podrán lograr liquidez para encarar el pago de facturas, resolver necesidades de circulante u otras exigencias de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o incluso el pago de impuestos.

El objetivo, ha dicho la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es que esta liquidez “llegue de forma capilar al último rincón del tejido productivo” para que sus beneficiarios “puedan conservar el nivel de actividad económica y que no se destruya empleo”.

Con todo, Montero ha admitido que la concesión de los créditos dependerá de la banca privada, si bien ha aseverado que cuenta con su disposición para hacerlo, gracias además a la liquidez que les facilita el Banco Central Europeo, y ha recordado que los avales públicos harán mucho más fácil que los solicitantes obtengan el visto bueno de los comités de riesgo de la banca.

Montero ha detallado que al tramo inicial de 20.000 millones movilizado le seguirá “automáticamente” en cuanto se agote el resto del monto, hasta los 100.000 millones, con el objetivo de ir modulando las condiciones en función de la experiencia de ese primer paquete y de la situación del mercado. Cuestionada sobre el tipo de interés de estas operaciones, la ministra ha señalado que “el Gobierno no ha determinado ningún tipo de criterio” respecto al coste que podrá imponer la banca.

“La responsabilidad de las entidades financieras del país, que se han mostrado en todo momento dispuestas» hace pensar al Ejecutivo que la fijación del precio se «hará de manera razonable para permitir que todo el mundo pueda acceder a estas ayudas”, ha sostenido.

“Probablemente el mayor problema no tiene que ver con el tipo de interés, el precio del dinero, que se ha mantenido bajo, sino con la necesidad de avalar el riesgo. Y tener un aval público que permita a las entidades tener un colchón de seguridad para hacer frente a las operaciones”, a través de esas garantías estatales, facilitará la concesión, ha dicho.

Eso sí, la norma establece que la factura de los avales, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumida por las entidades. Está por ver en qué medida lo repercuten a sus clientes.