La crisis parece alejarse de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9% y son los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hoy en día son la mayoría, se han reducido en un 6,6%, lo que supone la primera caída en dos años. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 ha sido de 14.756, lo que supone un descenso del 14% respecto al mismo trimestre de 2018.

Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impagos en el alquiler, mientras que otros 3.806 (el 25,79%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas diferentes. Estos datos forman parte del informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Cataluña (con 3.433, el 23,3% del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 en la Comunidad de Madrid ha sido de 1.637, lo que supone un descenso del 12,8% respecto al mismo trimestre de 2018.

Las dos terceras partes de esos lanzamientos (1.269, equivalentes al 77,5%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 233 (el 14,2%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 135 restantes obedecieron a otras causas.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3% del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.