Con frecuencia, a las crisis económicas, financieras y otras, les sigue una avalancha de arbitrajes,indica el estudio del COE y TNI. Por ello, abogados, como Debevoise & Plimpton o Alston & Bird, predicen una ola de litigios contra las medidas de los países para luchar contra el covid-19. Unos procesos que reportarán pingües ingresos a los arbitristas: estos cobran una media de 5 millones de dólares por disputa (hasta 30 millones en algún caso), según el informe. Otro buen negocio es el de los financiadores de los litigios, que cubren el coste legal del inversor, y que esperan un auge de demandas por covid-19.

En España, donde se acaba de abrir una boutique especializada en arbitrajes (la de José Antonio Caínzos, presidente del Centro de Arbitraje Internacional de Madrid), todos los grandes llevan litigios internacionales de inversión: Garrigues, Gómez Acebo & Pombro, Cuatrecasas, Uría y Menéndez, Antolín, Creamades, Pérez Llorca o Samaniego.

En los últimos 25 años se han tramitado más de mil demandas (solo se incluyen las reconocidas) contra Estados que, en gran medida, han ganado el inversor. Los tribunales arbitrales los componen tres miembros: uno designado por cada parte y el tercero, consensuado por los dos primeros.