Mientras los Gobiernos toman medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus, los grandes despachos de abogados han encontrado un filón para que los inversores internacionales perjudicados por dichas medidas presenten demandas millonarias contra los Estados apelando a los acuerdos de protección recíproca de inversiones entre países (los ISDS, en sus siglas en inglés). Uno de ellos es la Carta de la Energía, a la que más de 40 inversores se acogieron para denunciar a España por el recorte a las renovables, que se han saldado, de momento, con 14 laudos condenatorios.

A pesar de la crisis sanitaria sin precedentes, que ha costado la vida a más de 300.000 personas en el mundo, “los abogados instan a las grandes empresas a defender sus beneficios y a desafiar las medidas de emergencias ”. Así lo desvela un estudio elaborado por el Corporate Europe Observatory (COE), grupo de investigación con sede en Bruselas, y el Transnational Institute (TNI), instituto de investigación y promoción de políticas públicas, de Amsterdam.

La investigación, muy crítica con los ISDS, a los que considera “un sistema paralelo de justicia corporativa”, se basa en informaciones públicas de los despachos: notas en sus páginas webs, blogs o seminarios, en los que explican a sus clientes “las vastas protecciones que los acuerdos de inversión les ofrecen” para reclamar. Por ejemplo, en el área de la energía o los servicios, por la prohibición que muchos Gobiernos, como España, han impuesto a las compañías de cortar el suministro de electricidad, luz, gas y agua a los consumidores vulnerables.

Respecto al país más afectado por la pandemia, Italia, con más 32.000 fallecidos, el informe alude a un artículo publicado por la firma local ArbLit el 26 de marzo, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. Los abogados de este despacho plantean si las medidas, “mal coordinadas”, del Ejecutivo de Giuseppe Conte “podrían estar dentro del alcance de los tratados de inversión entre Italia y otros Estados”.

Tratados que solo protegen al inversor extranjero y que puede fijar indemnizaciones no solo por los perjuicios presentes, sino “por la previsión de pérdidas futuras”, señala el informe Además, a diferencia de la justicia nacional (que, en este caso, se rige por los decretos excepcionales de estado de alarma que da poderes amplios a los Gobiernos democráticos), no tienen en cuenta “los intereses sociales”, como en el caso de la crisis actual.

Ante el riesgo de reclamaciones millonarias por parte de los inversores y las empresas al que se enfrentan los Estados, los expertos han pedido una restricción permanente de dichas reclamaciones por el covid-19.También la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hizo sonar las alarmas el pasado 4 de mayo con estas declaraciones: «Si bien, aún no se conocen demandas reales de ISDS relacionados con el coronavirus, los abogados especializados están considerando numerosos casos y escenarios muy duros».

La industria del arbitraje, alertan CEO y TNI en su investigación, está preparando el terreno. Así lo demuestran bufetes como Quinn Emanuel, que, en uno de sus blogs, animaba a los inversores “a buscar alivio y/o compensación por cualquier pérdida resultante de las medidas estatales”. En la misma línea se manifiesta Volterra Fietta.

Más explícita resulta la firma Ropes & Gray en este comentario: “los Gobiernos han respondido ante el covid-19 con una serie de medidas, como las restricciones de viajes, limitaciones en las operaciones comerciales o beneficios fiscales. Por su legitimidad, estas medidas pueden afectar negativamente a las empresas al reducir su rentabilidad, retrasar sus operaciones o ser excluidas de las subvenciones”. Y añade que, para las empresas con accionistas extranjeros, los ISDS “podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas resultantes de las acciones relacionadas con el covid-19”.