El Periodo Medio de Pago (PMP) es uno de los indicadores de la morosidad de las Administraciones Públicas para con sus proveedores de bienes y servicios. La evolución de este parámetro desde abril de 2018, primer mes de la serie que publica el Ministerio de Hacienda, es positiva en general, pero los ayuntamientos han vuelto a disparar su retraso en el arranque de 2021, que casi triplica el tope legal.

Hace ahora tres años, ninguna de las cuatro administraciones (central, autonómica, local y Seguridad Social) cumplía el precepto legal de no superar los 30 días entre la entrega del bien o la prestación del servicio y el pago de la factura. En febrero de 2021, las comunidades autónomas presentaron un PMP de 29 días y la Seguridad Social, de 12,3 ya con datos de marzo. La Administración Central arrojó en marzo un PMP de 33,1 días, con variaciones mensuales, pero con una tendencia a la baja desde abril de 2018.

Sin embargo, las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares), cuyo PMP ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos tres años, alcanzó los 83,2 días en febrero de 2021, más de 10 días extra respecto al mes de enero. El incremento, que se debe mayoritariamente a los consistorios, ha sido constante desde 2014 cuando su periodo medio de pago se situaba en 25 días.

En todo caso, es la primera vez que las comunidades autónomas cumplen con su obligación legal. Todavía Aragón (49 días), Cataluña (45), Asturias (33) y Navarra (31) incumplen el plazo de 30 días. Pero ninguna llega a los 60 días, periodo que si se repite más de dos meses seguidos da lugar a las medidas correctoras previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda afirma que el inédito descenso por debajo del umbral legal logrado durante tres meses consecutivos (diciembre, enero y febrero) en el PMP de la administración autonómica es consecuencia de “las medidas de liquidez que en favor de las autonomías ha puesto en marcha el Estado”.