Los empleados de una empresa concursada podrán rescatarla. Hacienda y la Seguridad Social han salido beneficiadas en el paso del proyecto de Ley Concursal por el Congreso de los Diputados, que ayer fue aprobado en pleno. Una de las enmiendas aprobadas refuerza aún más el privilegio de los llamados créditos públicos.

El proyecto de ley, que ahora pasa al Senado con idea de que sea ratificado definitivamente a mediados de julio, ha elevado las exoneraciones hasta un máximo de 20.000 euros de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social (10.000 euros en cada caso). Pero, y ahí está el endurecimiento, considera que toda la deuda con ambas es privilegiada. Hasta ahora, solo el 50% de la cuota tributaria o de la Seguridad Social debidas tenía esta consideración de privilegiada.

Abonando este porcentaje, el deudor accedía a la segunda oportunidad. El otro 50% era crédito ordinario. Los recargos, intereses y multas por impago eran créditos subordinados. Ahora todo es privilegiado, lo que implica que tiene preferencia de cobro sobre cualquier otra deuda.

Con las cautelas pertinentes al estar todavía el proyecto en tramitación, el presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Juan Carlos Robles, asegura que de aprobarse lo anterior "se ubica al crédito público en una posición de sobreprotección en detrimento de otros acreedores y puede dar al traste con las posibilidades de viabilidad de miles de empresas y de autónomos".

A las personas físicas les afectará menos porque no tienen créditos públicos tan elevados. Un segundo cambio importante en el proyecto de ley se debe a sendas enmiendas de Unidas Podemos transaccionadas con el PSOE. Los trabajadores de una empresa en fase de concurso podrán rescatarla si se constituyen en sociedad cooperativa, participada o laboral.

Los empleados podrán capitalizar su prestación por desempleo para utilizarla como capital de sus cotizaciones en la sociedad. El texto que parte hacia el Senado fue aprobado ayer en el pleno del Congreso con los votos de los partidos del Gobierno más los de ERC, PNV y PDeCat. PP y Ciudadanos se abstuvieron. La intención es que la norma está completamente aprobada a mediados de julio pues el día 17 acaba el plazo para trasponer la directiva europea sobre insolvencia que ha sido su origen.