Así lo ha explicado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey tras la presentación de un estudio académico sobre La regulación legal y convencional del tiempo de trabajo elaborado por el Observatorio de la Negociación Colectiva de la Fundación Primero de Mayo y CC OO.

Pérez Rey, que participó en este Observatorio desde su anterior cargo de profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla- La Mancha, avanzó que la filosofía de este mecanismo legal sería que la flexibilidad horaria y la organización del tiempo de trabajo no se den solo desde la unilateralidad de la empresa y sus necesidades organizativas y productivas, sino que pudiera hacerse también desde la iniciativa del trabajador.

Aunque el proyecto aún está en un estadio muy inicial –y se planea su aprobación “en el medio plazo”, después de terminar con la primera fase del diálogo social–, el secretario de Estado de Empleo incidió en que se trataría de “dar una perspectiva más amplia” al decreto sobre medidas urgentes de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo que aprobó en marzo pasado el anterior Gobierno socialista.

En aquella norma se reforzó “el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral”.

Tras esto, la nueva ley iría algo más allá en este derecho y, según citó el secretario de Estado, también regularía, por ejemplo, las “bolsas de horas” e incorporaría el tiempo de trabajo en los empleos con jornada parcial y “ciertas modalidades contractuales que puedan irse alterando en función de las necesidades que van evolucionando de trabajadores y empresa”.

El estudio sobre esta materia presentado ayer en el Consejo Económico y Social (CES) ha analizado detalladamente 400 convenios colectivos (la mitad sectoriales y la otra mitad de empresa), que afectan a 7,6 millones de asalariados. Sus conclusiones respaldan la intención del Gobierno de regular un uso del tiempo de trabajo corresponsable, al constatar que ni la ley ni la negociación colectiva dan la iniciativa a los trabajadores en materia de jornada.