La nueva norma UNE 19602 establece el estándar de los sistemas de gestión de compliance tributario. Los bufetes se preparan para adaptar las empresas a este nuevo modelo de prevención de riesgos fiscales. Al reconocido estándar para el cumplimiento normativo en materia penal, la norma UNE 19601, se suma ahora un nuevo procedimiento que ayudará a las compañías a implantar y a gestionar un sistema de gestión de riesgos tributarios.

Hasta la fecha, las directrices relacionadas con el gobierno fiscal estaban asociadas exclusivamente a la Ley de Sociedades de Capital y sólo eran de obligado cumplimiento para las empresas cotizadas. Pero la apuesta de la Administración por el desarrollo de estas políticas invita a pensar que todas las empresas acabarán incorporando estas prácticas a su gestión interna como parte de un sistema general de buen gobierno, transparencia y cumplimiento normativo.

La finalidad de esta norma es doble. Según Javier Martín, socio de Ideo Legal y director técnico del Congreso de Buenas Prácticas Tributarias de Lefebvre, aporta una serie de «pautas a las organizaciones, con independencia de su tamaño, para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar sus riesgos tributarios y, en caso de producirse, facilita la creación de mecanismos de detección y corrección, así como cánones de aprendizaje para evitarlos en el futuro». Martín ha coordinado el grupo de trabajo de empresas, Administraciones y despachos que ha desarrollado esta norma para la Asociación Española de Normalización (UNE).

José Vicente Iglesias, socio de tributario de Garrigues e integrante del mismo comité, considera que esta nueva norma va a «proporcionar una guía y los requisitos necesarios para establecer y desarrollar un sistema de cumplimiento completo y efectivo». Los sistemas de gestión de compliance fiscal proponen una cooperación e información mayor entre la Administración Tributaria y las empresas, una relación cooperativa que a Iglesias le gustaría que «proporcione agilidad y fluidez, que esta trasparencia se traduzca en seguridad en tiempo real y permita en el futuro economizar esfuerzos a ambas partes». Esto sin duda requerirá un importante cambio de mentalidad y la dedicación de recursos adecuados por parte de la Administración.