El Gobierno español anunció ayer que protegerá los intereses españoles en Cuba, que son principalmente negocios hoteleros. Pero ¿qué ha pasado exactamente? Pues que Donald Trump ha asestado el enésimo golpe al orden establecido, en lo que parece ser la tónica de su controvertido mandato. Después de más de 20 años, el mandatario estadounidense decidió, de forma unilateral, romper el estatus quo en Cuba.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este miércoles de forma oficial la activación por primera vez en la historia del título III de la ley Helms-Burton, que permitirá denunciar ante tribunales estadounidenses a empresas que operen en Cuba en propiedades expropiadas por el castrismo.

Pompeo confirmó que entrará en vigor el 2 de mayo. La secretaria de Estado adjunta de EEUU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier, aseveró que “no habrá excepciones” a ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea. Además, el gobierno Trump confirmó nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, al que prohibirá el acceso a dólares de EE UU.

Precisamente la Unión Europea, que ya había amenazado con denunciar a EE UU ante la Organización Mundial del Comercio por prácticas ilícitas, elevó ayer el tono, una vez confirmada la ejecución de la medida. En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y la ministra de exteriores canadiense Chrystia Freeland, aseguraron que estudiarán “prohibir la aplicación o reconocimiento en la UE y Canadá de sentencias extranjeras basadas en el título III”. Ambas mostraron su intención de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Bruselas de recurrir al uso del “estatuto de bloqueo”.

Esta herramienta prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el título III de la ley Helms-Burton dentro del territorio europeo. Además, abre la puerta a que las compañías que sean demandadas en tribunales estadounidenses, puedan ser indemnizadas por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en los tribunales europeos.

“La Unión Europea reitera su fuerte oposición a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales relacionadas con Cuba que son contrarias al derecho internacional”, explican las representantes de la UE. Se estima que en la actualidad existen 6.000 reclamaciones certificadas ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, una agencia dependiente del gobierno estadounidense, por un importe estimado de 9.000 millones de dólares.

El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, expresó “su tajante rechazo” a la decisión de la administración estadounidense. “Disuadir y penalizar el comercio y las inversiones de empresas de terceros Estados en la isla atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos en Cuba, y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana”, afirma el comunicado, en el que se destaca el compromiso de defender los intereses “y el futuro de las empresas españolas en Cuba”.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, aseveró que la demanda de la UE ante la OMC contra EE UU es “casi obligada”.