El ministerio encabezado por Dolores Delgado ultima un real decreto para mejorar la imagen de la justicia española en otros países, según confirman fuentes jurídicas. Una iniciativa que se prevé que esté acabada antes de final de año y que llega justo cuando el foco internacional se ha situado sobre las decisiones de los magistrados españoles. Sobre todo, tras la negativa de Alemania a entregar al expresident Carles Puigdemont; la admisión a trámite en Bélgica de la denuncia contra el juez Pablo Llarena; y el rechazo, también de este segundo país, a extraditar al rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc.

El Ministerio se propone regular y potenciar la figura de los conocidos como jueces de enlace, desplazados al extranjero para promover la cooperación e intercambiar información. Entre sus funciones, se encargan de mantener contacto directo con los magistrados de los países de destino y generar confianza, además de explicarles también los detalles del funcionamiento del sistema judicial español. Actualmente, solo existen cinco: en Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y EE UU. Pero, por ejemplo, no hay en Bélgica y Alemania.

Así que, con la vista puesta en aquellos Estados con los que existe un mayor volumen de requerimientos por parte de España, el Gobierno se plantea que este real decreto sirva como base para elevar el número de jueces de enlace y también para que los elegidos cuenten con unos conocimientos especializados en la materia. Porque, de hecho, en estos momentos no existe una norma específica que fije unos requisitos mínimos para estas designaciones, que dependen directamente del ministro de turno —por tanto, del partido en el poder— y que implican una mejora salarial y la concesión del estatus diplomático.

La idea del real decreto es que los jueces de enlace pertenezcan a la carrera judicial, sumen una antigüedad mínima de ocho años, tengan conocimientos del idioma del país al que se les va a destinar —se han dado casos en los que no lo dominaban— y que cuenten con una especial formación en cooperación internacional. A su vez, se quiere regular el tiempo máximo durante el que se puede ejercer el cargo: cinco años, prorrogables a dos más si existe una motivación suficiente.

El proceso de selección también se modificará para publicitarlo y que pueda haber aspirantes que presenten sus candidaturas. Se analizarán sus currículos y se planteará un grupo final al ministro para que elija. Este sistema, según se contempla en el Ministerio, también se usará para seleccionar a los consejeros y coordinadores de Justicia enviados al exterior.