Una de las enmiendas transaccionales presentadas trata de añadir otra excepción y permitir que un determinado colectivo pueda beneficiarse de un plazo más elevado en el pago de sus deudas comerciales. Según ha podido saber Cinco Días de fuentes cercanas a la negociación, la enmienda permitirá pagar las facturas a 90 o 120 días, siempre y cuando se fijen compensaciones a los proveedores afectados.

“Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso del plazo de pago estipulado en el artículo 4 de la ley 3/2004, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario”, reza la redacción del artículo.

De esta manera, aquellos productos que se venden en grandes superficies como El Corte Inglés, Decathlon, Leroy Merlin o Ikea, entre otras, y que no entran dentro de las categorías incluidas en el redactado de la enmienda, podrían acogerse a esos beneficios y disfrutar de un período más holgado para pagar a sus proveedores.

En el texto, la enmienda fija tres escenarios posibles. El primero marca las acciones en caso de exceder los 60 días. “Cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en un documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura”. El segundo plantea un pago superior a 90 días. “En ese caso, el documento será endosable a la orden”.

E incluso el tercero plantea plazos superiores a 120 días, el doble del límite legal. “Para la concesión de aplazamientos de pagos superiores a 120 días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito y caución”. Esas mismas fuentes precisan que la enmienda, presentada por el PSOE, cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el rechazo de Podemos y no saben concretar cuál será la posición final del PP, determinante para que la enmienda transaccional se convierta en ley. De hecho, precisan que una parte sustancial del texto procede de otra enmienda más antigua presentada por el Grupo Popular en el Congreso.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de empresas y a 4,5 millones de trabajadores, justifica esa enmienda por la presión de los lobbies. “La supresión del pacto entre partes para pagar las facturas a un plazo más elevado fue un golpe muy duro para la gran distribución y están presionando para volver a recuperarlo”, asegura Cañete, que recuerda que estos ya ejercieron una presión muy fuerte para acabar dejando en papel mojado otra de las medidas estrella diseñada por Cristóbal Montoro para aportar liquidez a las empresas: el IVA de caja.

Este régimen permitía a las empresas no pagar el IVA de las facturas siempre y cuando no las hubieran cobrado. Pese a lo importante del beneficio ofrecido, apenas un 1% de los contribuyentes se acogió a ese sistema. La clave del fracaso radicó en la presión de los grandes grupos para que las pymes no se acogieran a ese régimen, ya que les impedía deducirse el IVA de las facturas hasta que no hubieran realizado el pago de las mismas.