Una demanda interpuesta en el juzgado para conseguir la devolución de las cláusulas suelo puede prolongarse entre dos y tres años. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) denuncia en su informe anual la saturación que padecen los juzgados creados de forma específica para resolver las demandas de los consumidores sobre las cláusulas hipotecarias, que fueron consideradas abusivas en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE.

El flujo de entrada de demandas es tan caudaloso que inundan los juzgados. En el caso de Barcelona, se amontonan en el juzgado de primera instancia número 50, que fue designado especialmente para abordar estos asuntos. Los abogados consideran que esta fórmula no funciona y provoca que se dilaten los procedimientos para los consumidores y se favorezca el colapso. De hecho, las estadísticas sitúan al juzgado barcelonés como uno de los más saturados de España. Los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en los últimos ocho meses sólo se han resuelto el 6,6% de las 25.000 demandas que fueron presentadas.

La jurisprudencia que se aplica tras el fallo del tribunal europeo está clara y los procedimientos son de poca complejidad, como lo demuestra el hecho que el 98,3% de las sentencias que se dictan son favorables al consumidor. Sin embargo, todo el proceso se dilata ante el aluvión de demandas que reciben los juzgados y los pocos recursos con los que cuentan.

A pesar de la excesiva tardanza y la evidente saturación, el CGPJ decidió prorrogar esta fórmula hasta finales de año, si bien no logró aligerar la carga de trabajo. De esta manera, 54 jueces deben resolver las 250.000 que tienen los juzgados españoles sobre la mesa.

El ICAB se posiciona en contra de la prórroga y apuesta por volver a descentralizar las demandas por cláusulas suelo entre todos los juzgados de primera instancia lo que, a su parecer, permitiría acortar los plazos y resolver los asuntos en un periodo de entre tres y seis meses. Otra de las medidas que propone es derivar las reclamaciones por la vía extrajudicial y apostar por la mediación.

Para ello, la decana del ICAB, Maria Eugènia Gay, propone modificar el real decreto ley para la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo para “implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias”.