El Gobierno tiene previsto incluir la protección de los depósitos de las empresas en la próxima ley de resolución que traspondrá la directiva europea que ahora se está retocando a raíz de la quiebra de Banco Popular. El Ministerio de Economía ya está elaborando un borrador de ley. El objetivo es que los depósitos de las empresas no se usen para pagar la quiebra de los bancos, una reclamación de la banca, las empresas y del presidente del FROB, Jaime Ponce. Se intentará también incluir los depósitos de las instituciones públicas, además de las pymes.

Esta medida evitaría la fuga masiva de dinero, sobre todo de grandes empresas e instituciones oficiales en caso de problemas de un banco, ya que estarían protegidos como el de los pequeños ahorradores. De hecho, y como ha reconocido Ponce en sus últimas intervenciones públicas, si esta iniciativa hubiera estado en vigor, se podría haber frenado la salida de depósitos de Popular.

De esta forma, puede que se hubiera evitado la resolución del banco, ya que podría haberse seguido con el proceso de venta de la entidad iniciado en mayo de forma ordenada. Hay que recordar que la quiebra de Popular se precipitó por la falta de liquidez ante la fuga de depósitos en los últimos días.

La fuga de depósitos en Popular se produjo, precisamente, ante el miedo de estas empresas a perder el dinero, puesto que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) solo garantiza hasta 100.000 euros. Y si no se hubiera cerrado la venta a Santander, la Junta Única de Resolución (JUR) hubiera aplicado el sistema denominado bail-in, que supone que paguen la quiebra los accionistas, bonistas e incluso depositantes, empezando por los que tienen los mayores fondos en el banco. Ponce reclamó esta medida el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la crisis financiera y caída de Popular.

Y lo volvió a pedir el 9 de febrero en unas jornadas sobre la resolución bancaria en Madrid. En esta intervención, Ponce aseguró que “sería muy positivo reforzar la prelación concursal, no sólo de los depósitos de las personas físicas y pequeñas y medianas empresas que ya recoge la Ley, sino también de los depósitos de las grandes empresas. De modo que estos depósitos tuvieran un privilegio sobre los demás acreedores ordinarios, como ya ocurre en otros países”.