Europa está debatiendo un proyecto legal para dar más poder a la Comisión y así controlar o limitar las inversiones extranjeras directas en Estados miembro que puedan afectar a otros países comunitarios. Campofrío, el Atlético de Madrid, Clínica Baviera o Urbaser tienen en común que cuentan en su accionariado con inversores chinos. Se trata de matrimonios que no superan en la mayoría de los casos los cuatro años de historia y, pese a su juventud, algunos han acabado en sonados divorcios, como fue el caso de HNA en NH Hotel Group o el de Wanda en el Edificio España. Y de cara a futuros noviazgos, las cosas podrían ponerse más difíciles si sale adelante el proyecto normativo de la UE para controlar las inversiones extranjeras dentro de sus fronteras.
La propuesta, que se encuentra en tramitación parlamentaria, propone un nuevo marco normativo “dirigido a ampliar los poderes de la Comisión Europea para controlar las inversiones extranjeras que puedan ser contrarias a los intereses de la UE, así como la creación de una base legal que facilite el desarrollo homogéneo de mecanismos de supervisión de la Inversión Extranjera Directa (IED) por parte de los Estados miembro”, explican José Izquierdo y Francisco Castro, abogados de Cuatrecasas.
Aunque esta normativa afecta a cualquier operación que cuenta con un inversor procedente de fuera de la UE, es especialmente relevante en el caso de China, sobre todo desde que en los últimos años ha aumentado su exposición al Viejo Continente, al tiempo que se cierra para ellos el mercado estadounidense. Sectores como la alimentación, el turismo o el fútbol son algunos de sus activos favoritos en nuestro país, aunque también están presentes en otros ámbitos, como el aeroespacial o en infraestructuras básicas, ya sean agua o energía.
Son precisamente estos sectores los que más preocupan en Europa, al considerarse críticos para el funcionamiento no sólo de cada Estado miembro, sino del conjunto de la UE, como es el caso de las infraestructuras o los activos de energía, comunicaciones y defensa. Preocupa, como ha puesto de manifiesto recientemente la crisis de Huawei en Canadá y Estados Unidos, la vinculación directa de las empresas chinas con el Gobierno del gigante asiático. Una situación que también podría asimilarse con los fondos soberanos (los más activos son Noruega, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Kuwait).
Por eso, Europa propone en su texto vigilar estas inversiones, permitir que los Estados miembro pregunten por operaciones de inversión extranjera directa en otro país de Unión que pueda afectarlos y, en definitiva, ampliar los poderes de la Comisión, recomendando que la transacción se realice o no. Esta idea no es nueva. De hecho, durante el discurso anual sobre el estado de la UE de 2017, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya alertó sobre ese aspecto: “No somos unos defensores ingenuos del libre comercio; Europa deberá defender siempre sus intereses estratégicos”.