La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, avanzó ayer que el Ejecutivo revisará al alza, en una décima, sus pronósticos para este año, hasta el 4,4%, pero recortará seis décimas sus previsiones para el próximo ejercicio. "Este año, todos los indicadores apuntan incluso a un crecimiento más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4 %", dijo Calviño a los medios en Luxemburgo antes de participar en la reunión de ministros de Finanzas de la eurozona.
Esta cifra está "en línea con la OCDE y otros organismos económicos y es incluso superior a lo que habíamos previsto a principios de año", indicó, añadiendo que "se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles podrían incluso llevar a una revisión al alza". Sin embargo, casi a renglón seguido admitió que la situación para los próximos meses no es nada halagüeña, ya que el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado, que Calviño espera poder enviar "en breve" a las autoridades comunitarias también contempla una previsión de crecimiento para 2023 del 2,1%, seis décimas menos de lo previsto anteriormente. Dicho de otra forma, entre ambos años, el PIB español pierde casi 7.000 millones de euros.
¿Cuál es el motivo por el que si la economía va mejor de lo esperado este año no vaya a poder crecer con fuerza el próximo ejercicio? Aunque Calviño no profundizó en ello, el crecimiento este año ha mantenido su vigor debido al efecto rebote tras la pandemia, que ha sido particularmente intenso en algunos sectores como el turismo. De hecho, precisamente ayer la ministra del ramo, Reyes Maroto, señaló que este ejercicio se recuperará el 95% de los ingresos turísticos previos a la crisis del coronavirus. Y eso, junto con la inercia del mercado laboral todavía existente en la primera mitad del año, ha permitido mantener la dinámica del crecimiento.
Este crecimiento, lejos de favorecer que esta tendencia se prolongue durante el próximo año, le puede acabar pasando factura, ya que el aumento del crédito al consumo y a las empresas que se produjo en agosto tal como apuntó ayer el Banco de España, en un momento de subida de tipos, supondrá una mayor carga financiera. Y a eso hay que sumar que la subida de los precios del gas por el corte del suministro ruso seguirá impulsando la inflación, mientras que la subida de tipos necesaria para combatirla golpeará el consumo privado, la inversión empresarial y, especialmente, en nuevas promociones inmobiliarias.
Además, el problema añadido con las subidas de tipos es que, una vez perdida la credibilidad de los bancos centrales para controlar la inflación, sus efectos sobre los precios tardan demasiado en llegar, lo que hace que la política monetaria restrictiva se tenga que mantener durante más tiempo, agravando los daños colaterales sobre la demanda interna.
Y, aunque la primera mitad del año haya arrojado una sorpresa al alza, la segunda mitad parece estar preparando el terreno para una recesión. De hecho, los datos del Índice de Gestores de Compras que publica la agencia de rating Standard & Poor's apuntan a un retroceso económico en Europa en el tercer trimestre. De hecho, los datos del sector industrial, publicados ayer, muestran una "horrible combinación de unas manufacturas en recesión y crecientes presiones inflacionistas" que "aumentará aún más la preocupación sobre las perspectivas de la economía de la eurozona", de acuerdo con Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.
Además, "parece que lo peor está aún por llegar, ya que los nuevos pedidos han disminuido a un ritmo significativamente más pronunciado que la caída de la producción", por lo que "se prevén más recortes de la producción en los próximos meses, a menos que la demanda se reactive". Y todo ello está llevando a una paralización de las nuevas inversiones y "un menor crecimiento del empleo a medida que las empresas se preparan para un invierno duro".