La futura autoridad macroprudencial que ultima el Gobierno para identificar riesgos y evitar la conformación de burbujas que desestabilicen al sistema financiero podrá auxiliarse de otras instituciones públicas como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Así lo establece la norma que ultima el Ministerio de Economía, ya que recoge la posibilidad de invitar a representantes de estos organismos a reuniones del consejo de administración donde se analizarán los riesgos y su evolución, con la posibilidad de emitir alertas, advertencias y hasta recomendar adoptar medidas para prevenir problemas. Cuando acudan se oirán sus evaluaciones y consejos, aunque carecerán de derecho de voto para influir de forma directa en las resoluciones finales.

El máximo órgano de decisión de la futura autoridad lo conformarán siete miembros al más alto nivel: la ministra de Economía, Nadia Calviño, como presidenta; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con rango de vicepresidente; el presidente de CNMV, Sebastián Albella; la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; la vicepresidenta de CNMV, Ana María Martínez-Pina; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez.

Toda la estructura del futuro organismo descansa, de hecho, sobre los tres supervisores de banca, mercados y seguros y Economía, responsables últimos de medir los riesgos y actuar en consecuencia, pero el proyecto de regulación les habilita para ‘echar mano’ de otras autoridades llegado el caso.

A aquellos que inviten al consejo tendrán voz, pero no voto y de forma adicional podrán recabar información del mismo Frob y Airef, del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas (Icac), de los Fondos de Garantía y de Inversiones, y del Consorcio de Compensación de Seguros, entre otros. A afectos de desarrollar su labor, el consejo y su comité técnico podrán solicitar además informes no vinculantes a expertos independientes.

Con la puesta en marcha de la nueva autoridad, cuyo nombre responderá a las siglas Amcesfi, España da cumplimiento a un mandato cursado por Bruselas en 2013 de crear un organismo así tras comprobar que los sistemas existentes a nivel internacional se demostraron insuficientes para evitar burbujas y crisis. Hoy, España es, junto a Italia, los únicos países que carecen del mismo.

Pero la labor última de aplicar medidas continuará en manos del Banco de España, CNMV y Seguros, a los que el Gobierno les ha dado competencias adicionales para que puedan limitar el crédito, la inversión o, en términos, generales, la exposición de las entidades financieras a determinados activos si lo consideran oportuno.

Bajo esta estructura el Banco de España sale doblemente reforzado con los nuevos útiles y porque el gobernador será el encargado de representar a la Amcesfi en instituciones y organismos internacionales, así como de ocupar la presidencia en caso de vacante o ausencia de la ministra.