La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes en nombre del Gobierno a mantener congelado el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los grupos acuerden posibles modificaciones durante el trámite del Congreso. Montero ha anunciado, además, que los ayuntamientos estarán exentos de ajustarse a la regla de gasto en 2021, lo que ya podrán hacer este ejercicio. La medida aliviará las finanzas municipales en un contexto de previsible caída de la recaudación.

Son dos compromisos que la ministra ha lanzado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, comparecencia que ha hecho porque la petición del PP para ello fue respaldada por unanimidad en la Diputación Permanente de la semana pasada. “El Gobierno estará encantado de escuchar sugerencias y el compromiso será no implementarlo -el decreto ley ya aprobado en el Consejo de Ministros- hasta que el Congreso lo ratifique”, ha asegurado la también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha pedido a los grupos, no obstante, que esos cambios se hagan con la mayor celeridad posible para que los consistorios no tengan problemas de liquidez y puedan pagar a los proveedores durante el último trimestre del año. Está previsto que el debate para la convalidación o derogación de la norma tenga lugar en el Congreso la semana que viene. La oposición en bloque rechaza el texto. Para evitar la derogación, es decir, que el Congreso deje sin efecto el decreto, la ministra ha ofrecido a los grupos que acepten su tramitación como proyecto de ley después de que salga adelante la convalidación. El Gobierno ya suavizó la norma en la publicación del BOE ante las críticas.

Podrán los grupos hacer los cambios que estimen pertinentes, y así lo ha transmitido la ministra de Hacienda, de modo que lo relacionado con los remanentes y el fondo de 5.000 millones, los aspectos más rechazados, se cambie. La condición es que se haga dentro de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Éste es el marco legal al que tiene que acoplarse el decreto ley o el proyecto legislativo si al final el Congreso lo cambia. Este contexto legal se hace notorio en lo que se refiere al uso de los remanentes de los ayuntamientos y al nuevo fondo de 5.000 millones de euros.