En concreto, augura un déficit del 0,3% del PIB para las comunidades autónomas, por lo que considera “probable” que el subsector cumpla el objetivo de estabilidad fijado para este año en el 0,4% del PIB, si bien matiza que el elevado riesgo de incumplimiento de la regla de gasto hace que estime “improbable” alcanzar el 0,2% de déficit que permitiría el cumplimiento simultáneo de ambas reglas fiscales.
De la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia aprecia “improbable” o “muy improbable” el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Respecto a la regla de gasto, cuatro CCAA presentan riesgos altos de incumplimiento (Andalucía, Islas Baleares, Madrid y Cantabria), y para otras nueve aprecia un riesgo moderado (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura).
En cuanto a las corporaciones locales, cree que mantendrán el superávit de los ejercicios anteriores del 0,6% del PIB, aunque con unas centésimas “algo inferiores” a otros años, ya que las 21 grandes corporaciones locales analizadas reducirían su superávit respecto al año anterior. Según sus estimaciones, un superávit próximo al 0,6% del PIB permitiría al subsector cumplir la regla de gasto, como ha sucedido desde 2013.
Respecto a la deuda pública, estima que se cumplirá el objetivo de deuda fijado en el 97,6% del PIB para el conjunto de administraciones públicas, al tiempo que prevé el cumplimiento de los objetivos de deuda de las CCAA. A su juicio, debería diseñarse una senda razonable de convergencia al límite del 13% para las CCAA, y estima riesgos muy altos en el caso de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, así como alto para Extremadura y Andalucía.
De su lado, los ayuntamientos podrían alcanzarán un nivel de deuda de en torno al 2,1% del PIB, cumpliendo ampliamente el objetivo (2,7%). La Autoridad Fiscal recomienda a corto plazo corregir los problemas en la definición, aplicación y seguimiento de las reglas fiscales que afectan especialmente a las corporaciones locales, como concretar el carácter y alcance de los objetivos acordados en los PEF y Planes de ajuste de los ayuntamientos, y concretar criterios sobre el destino del superávit autonómico.