El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, que traspone una directiva europea, con el objetivo de aumentar la protección de los asegurados mediante nuevas normas de conducta y el incremento de la transparencia en la venta de seguros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha destacado que la norma persigue, además, establecer unas condiciones de competencia “equitativa” para todos los operadores del sector, que sean “adecuadas” y “proporcionadas” a los distintos tipos de canales de distribución. La norma establece unos requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros, para evitar conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente.

Así, las compañías deben informar de todos los costes y gastos asociados, además de advertir sobre los riesgos ligados a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas, y proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.

También se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo.

El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes se pueden adquirir de forma separada, e indicar los correspondientes justificantes de costes y gastos de cada uno de ellos. Según ha explicado el Ministerio de Economía, la norma también incluye requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en su diseño, aprobación y control.

De esta manera, los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de ellos, así como de las modificaciones que puedan sufrir.