Trabajo mejorará las ayudas a casi 42.000 parados de larga duración sin ingresos

Trabajo mejorará las ayudas a casi 42.000 parados de larga duración sin ingresos

El Ministerio de Trabajo prepara un ajuste en la nueva ayuda provisional para parados de larga duración que ideó el Ejecutivo en los Presupuestos de 2019. En su diseño actual, esta nueva prestación deja a 41.910 beneficiarios de uno de los antiguos subsidios caducados el pasado abril, el PAE, sin posibilidad de reengancharse si habían interrumpido su cobro o si ya habían agotado este subsidio. La decisión tiene un coste de 49,38 millones de euros, según la propuesta de Trabajo a la que ha tenido acceso este diario.

En algunas oficinas públicas de empleo comenzó a darse la señal de alarma hace unos días, cuenta un responsable autonómico del ramo. La ayuda a parados de larga duración sin ingresos o por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional, creada provisionalmente en los presupuestos de 2019 por el ejecutivo anterior hasta que estuviera lista la reorganización de ayudas y rentas prevista, estaba dejando fuera a desempleados que, en apariencia, tenían derecho a ella.

¿Por qué? Los parados que cobraban una de las ayudas extraordinarias creadas en la crisis que caducaron el 30 de abril, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) —la otra es el Plan Prepara—, y habían interrumpido su cobro por tener un trabajo temporal o haber perdido de algún requisito temporalmente no podían reengancharse cuando volvían a tener derecho a percibirla. Tampoco podían acceder a ella quienes ya se habían beneficiado del PAE anteriormente.

Para subsanar la situación, Trabajo ha preparado una “propuesta de regulación normativa” a la que ha tenido acceso EL PAÍS en la que cuantifica en 41.910 y en 49,38 millones el dinero que puede suponer solucionarla. Tras la descripción de las causas que provocan el problema, la propuesta de Trabajo “estima precisa y necesaria la regulación normativa urgente que permitiera la protección de este colectivo”.

En el Ministerio admiten que “se prepara una normativa para mejorar la protección”. Aunque añaden con cautela que “todavía está en fase de estudio” por parte de los Servicios Públicos de Empleo Estatal, cuyo membrete aparece en la propuesta citada.