A las puertas de cumplirse un año del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de coronavirus, al reguero de empresas y empleos que se han quedado por el camino amenazan con sumárseles cerca de 130.000 pymes más que, según los datos manejados por los gestores administrativos, llegan exhaustas al aniversario y con un pie en procedimientos concursales de los que, dicen, solo un nuevo paquete de asistencia pública podría librarlas. En este contexto, el Gobierno trabaja a marchas forzadas para aprobar su plan de refuerzo de la solvencia empresarial, dotado con 11.000 millones de euros, en el Consejo de Ministros del martes.

“Francamente, nos ha sorprendido el dato, si bien entendemos que la cifra va a responder tanto a concursos como a desapariciones directas, las empresas están esperando una decisión que les permita sobrevivir y por eso aguantan más de lo que pueden”, expone Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos sobre las cifras que arroja la encuesta realizada entre sus 6.000 colegiados. “En prensa no hacemos más que leer sobre ayudas directas, quitas, préstamos participativos, prórrogas… Y los empresarios y autónomos no quieren que sus negocios desaparezcan, pero no es de recibo mantener esta incertidumbre tanto tiempo, el Gobierno ha de tomar medidas, directas, ya”, reclama Santiago.

El barómetro de los gestores va más allá y ofrece otras cifras preocupantes: existen todavía unas 300.000 empresas con 900.000 empleados sujetos a Expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), de las que 113.000 cuentan con financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como también la tienen otras 225.000 desligadas de los expedientes laborales. A partir de ahí, unas 450.000 empresas declaran que “necesitan más financiación para no colapsar”, mientras que más de 200.000 empresas están pensando en demandar al Estado indemnizaciones por el estado de alarma y más de 150.000 reclamarán a sus seguros por las pérdidas sufridas con las restricciones. “Es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten la misma de forma individual. El Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse también por estas demandas”, asegura el presidente de los Gestores Administrativos.

La presión de las cifras, que se agravan cada día que pasa, así como la reclamación formal de ayudas directas que vienen presentando patronales, comunidades autónomas y autoridades como el Banco de España han decidido al Ejecutivo de coalición a pisar el acelerador legislativo para tratar de impulsar su respuesta este martes. A falta de los últimos retoques, el plan pasa por la constitución de tres nuevos fondos, tal y como avanzó el viernes El País. Según confirman a este diario fuentes de Economía habría un fondo para inyectar ayudas directas a las empresas más afectadas por la crisis a través de las comunidades autónomas; otro de reestructuración de los créditos avalados por el ICO, en el que las quitas serían el último recurso; y un tercero, de menor tamaño, de recapitalización de pymes. Este último tendría un diseño similar al de 10.000 millones de euros de la SEPI para grandes empresas estratégicas y se gestionaría a través de la empresa pública Cofides.

En paralelo, tal y como adelantó el viernes este diario, el Gobierno prevé prorrogar de nuevo la moratoria concursal vigentes desde el pasado abril, bien en el decreto del paquete de ayudas, bien en otra norma si el plan no se ata a tiempo. Después de todo, la moratoria concluye el domingo 14 de marzo y esperar al siguiente martes podría equivaler a un colapso de los juzgados por las causas pendientes acumuladas el lunes 15. El objetivo de esta moratoria, explican fuentes oficiales, es dejar en suspenso los procedimientos para dar tiempo a que el nuevo paquete de ayudas haga efecto y permita evitar parte de esos concursos, dando margen también para que el Gobierno revise la legislación concursal.