Así lo aseguran fuentes empresariales que recuerdan que este dinero procede de la cuota por formación que pagan mensualmente en sus nóminas empresarios y trabajadores; y que estos fondos “tampoco han sido reanalizados ni reutilizados, de momento, en sucesivos presupuestos”.

Desde la patronal CEOE-Cepyme indican que han solicitado a los responsables del SEPE que precisen a qué partidas presupuestarias aprobadas y no ejecutadas pertenecen esos 912 millones. “Sin embargo, nada sabemos sobre su composición” aseguran estas fuentes patronales. En concreto, desconocen si se han podido distribuir en el Escenario Plurianual 2017-2020 o en la reciente propuesta de distribución de fondos de formación de la que informaron recientemente a los agentes sociales.

El Ministerio de Empleo puntualiza que esa cantidad sin gastar existe y que obedece a que en el año 2015 cambió la ley que regula esta formación y se retrasó su reglamento, con lo que durante ese ejercicio y el siguiente (2016) las convocatorias formativas no funcionaron al ritmo esperado. Y, dicho esto, aseguran que ese dinero está “en un fondo, no se ha perdido; y, tal y como exige la ley desde 2015, se reutilizará en formación en los siguientes ejercicios”, explican fuentes de este Ministerio.

Además de esta cantidad que según los empresarios ha reconocido el SEPE, las organizaciones patronales estiman que, incluyendo también lo no gastado en 2017, este remanente ascendería a una cantidad muy superior, por encima de los 1.800 millones de euros.

Pero esta pelea sobre los remanentes sin reutilizar en años posteriores viene de lejos. Tanto las organizaciones patronales como las sindicales solicitaron en el último Consejo Nacional del Sistema Nacional de Empleo información sobre el importe y origen de los remanentes de los ejercicios anteriores, entre 2012 y 2015.

Esta consulta se acompañó del dictamen jurídico de la Defensora del Pueblo de mayo pasado en el que cita los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que, apoyándose en jurisprudencia constitucional, mantiene un criterio contrario al SEPE, y reconoció el carácter finalista de la cuota de formación profesional. Esto significa que se debe destinar enteramente a la formación de trabajadores y no a ningún otro efecto.

Ante esto, el Defensor del Pueblo entiende que, si la ley que regula la formación de trabajadores, como es el caso, impone la obligación de incorporar los remanentes de crédito al siguiente ejercicio, “no es potestativo para la Administración la inclusión o exclusión de tales remanentes, sino que estará obligada a incluirlos”.