El Gobierno busca un gran acuerdo con la oposición, dentro del Pacto de Toledo, para hacer una reforma profunda en la financiación de las pensiones. El Ejecutivo quiere que los impuestos paguen el coste de prestaciones y de gestión de la Seguridad Social por valor de 20.000 millones de euros. De esa forma, y con un crecimiento sostenido, con una importante creación de empleo, el Gobierno considera posible devolver el equilibrio financiero, a medio plazo, al sistema de pensiones. Con ello, el Ejecutivo se resiste a cerrar el Fondo de Reserva de las pensiones y aspira a volver a alimentarlo con excedentes de cotizaciones sociales, según informaron fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La clave de la propuesta del Gobierno es lo que técnicamente se conoce como la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Es decir que las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios financien solamente las pensiones más ligadas con el mundo del trabajo: las de jubilación y las de incapacidad.

A partir de ahí, el Ejecutivo quiere que los impuestos sustenten hasta unas cuarenta prestaciones que hoy pagan las contribuciones de empresas y trabajadores. Por ejemplo, las reducciones de cotizaciones sociales para estimular el empleo indefinido de diferentes colectivos, además de la llamada tarifa plana para los autónomos: el abono de 50 euros a la Seguridad Social durante un año para incentivar el autoempleo. Hay también ayudas familiares y gastos de gestión de la Seguridad Social que sostienen las cotizaciones sociales y que, en opinión del Gobierno deberían satisfacer los impuestos. Son una batería de prestaciones y otros gastos que pueden suponer un coste anual de 20.000 millones.

Incluso, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defiende la posibilidad de que los impuestos financiasen también las pensiones de viudedad y orfandad. Bien es verdad que el PSOE se niega a llevar a cabo esta propuesta por el coste político que puede tener si no se explica bien: se trata de garantizar a 2,5 millones de personas que van a seguir cobrando su pensión, sin perder un ápice de sus derechos.

Por esta razón, el Gobierno ve más complicado llevar a cabo la reforma de la financiación de las pensiones de viudedad, según las mismas fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El coste de las pensiones de viudedad y orfandad es de 21.000 millones de euros. Por lo tanto, sumando esta cuantía a la anterior, en su caso, los impuestos deberían financiar 41.000 millones de euros, en lugar de las cotizaciones.