El nuevo impuesto temporal y extraordinario que gravará a la banca y a las energéticas contempla penalizaciones para evitar que las empresas repercutan sobre los clientes la nueva carga impositiva. En concreto, se prevé una sanción del 150% del hipotético importe trasladado. Aunque serán la CNMC y el Banco de España quienes supervisen a las empresas, a juicio de Competencia, según fuentes consultadas, quedan "muchos detalles por pulir" a la hora de configurar las sanciones y su alcance.

Los nuevos gravámenes no se aplicarán sobre los beneficios, sino sobre los ingresos de las grandes compañías energéticas y banca en sus negocios consolidados en España. En concreto, se aplicará un tipo del 1,2% a las compañías energéticas y del 4,8% a los bancos. Las nuevas prestaciones afectarán a energéticas con 1.000 millones de ingresos y a bancos con 800 millones.

El impuesto "excepcional y temporal" dirigido a las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés -según ha argumentado el Gobierno-, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada ejercicio.

En el caso de la banca, se gravará la suma de los intereses netos (intereses cobrados menos los pagados) y de las comisiones netas (comisiones cobradas menos las pagadas). Tendrán que cumplir con el impuesto las entidades financieras que superen los 800 millones de euros en sus cifras de negocio, umbral que excluirá a las entidades de mediano y pequeño tamaño. La nueva normativa fija una sanción en caso de infracción equivalente al 150% del importe repercutido y trasladado al consumidor final

En lo que refiere a las energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), el impuesto se aplicará sobre el importe neto de su cifra de negocio, es decir, sobre los ingresos de las compañías. Quedarán exentas aquellas corporaciones que no alcancen los 1.000 millones de euros, -el umbral fijado para la aplicación de la prestación-, y otras que, teniendo negocios energéticos, estos no supongan el 50% de su facturación. La nueva tasa a las energéticas prevé recaudar 4.000 millones en 2023 y 2024 sobre los beneficios extra por el alza de los precios de la energía.

La nueva prestación patrimonial a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. A la hora de fijar los tributos se tendrán en cuenta los resultados del año 2019, evitando así los impactos extraordinarios derivados de la pandemia.

En el caso de ambas prestaciones, el pago del gravamen será exigible el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, tomando como referencia las cifras de negocio de los ejercicios previos. El abono de la prestación se efectuará en el mes de septiembre de 2023 y 2024, pero habrá un desembolso a cuenta en cada ejercicio que se materializará en febrero. Este adelanto será de un 50% del tipo del 1,2% y del 4,8%, es decir, la mitad del importe neto gravado.

Ambas figuras tributarias, con las que el Ejecutivo recaudará 3.500 millones de euros cada ejercicio, no son gastos deducibles a efectos del impuesto de sociedades ni tampoco se podrán trasladar a los clientes. La proposición de ley prohíbe expresamente que banca y energéticas repercutan sus costes al consumidor final bajo el riesgo de infracciones consideradas "muy graves".

El organismo encargado de supervisar que los precios no se trasladen a los clientes será la CNMC y, en el caso del sector financiero, contará también con el apoyo técnico del Banco de España. En concreto, la norma fija una sanción en caso de infracción equivalente al 150% del importe repercutido y trasladado al cliente.

La labor de supervisión recaerá sobre ambos organismos, que esperan no tener que aplicar procedimientos sancionadores. La coalición considera que esta medida disuadirá a las empresas de trasladar los costes, considerando las nuevas tasas como "aportaciones temporales en una situación crítica" y ante la necesidad de reforzar el pacto nacional de rentas.