La Comisión Europea autorizó ayer como ayuda de Estado la llamada excepción ibérica que consiste en fijar un tope de 48,8 euros/MWh en España y Portugal de media durante un año a las ofertas de gas en el mercado mayorista de la electricidad. Según adelantó ayer Cinco Días, la aprobación era inminente y así lo confirmó también la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según un comunicado de la Comisión Europea, la medida implica un ayuda estatal de 8.400 millones de euros (6.300 millones para España y 2.100 millones, para Portugal) "destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (Mibel) mediante la reducción de los costes de entrada de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles". La medida ha sido aprobada al amparo del Tratado de la Unión, "reconociendo que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación". La medida según Bruselas, "reducirá los precios del mercado eléctrico al contado para empresas y consumidores" y "no afectará a las condiciones comerciales contraria al interés común".

El mecanismo comenzará a aplicarse en las subastas del pool del 14 de junio (es necesaria una orden ministerial previa) hasta el 31 de mayo de 2023. Se trata de una subvención directa a los productores de electricidad destinada a financiar parte de su costo de combustible, según el comunicado. El pago diario se calculará en función de la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un precio tope de 48,8 euros/MWh de media durante la vigencia de la medida. En los primeros seis meses de aplicación de la medida, el precio tope real se fijará en 40 euros/MWh.

Bruselas ha tenido en cuenta "las circunstancias particulares del mercado eléctrico mayorista ibérico". En particular, "la limitada capacidad de interconexión, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de precios de la electricidad", que ha supuesto una grave distorsión para las economías española y portuguesa.

El objetivo de la medida, pactada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, en la cumbre de jefes de Estado celebrada en Bruselas a finales de marzo, es reducir el precio marginal que por el encarecimiento del gas y el carbón (apenas inexistente) que cobran otras tecnologías en el pool (nuclear, hidráulica y algunas renovables) y, de paso, el del mercado mayorista y el IPC.

En España, se da la circunstancia de que la tarifa regulada (PVPC) a la que están acogidas los consumidores domésticos (casi 10 millones de usuarios) está ligada a dicho precio, que se ha desorbitado desde el pasado verano, especialmente, desde la invasión rusa de Ucrania. El proceso ha sido largo, porque los Gobiernos ibéricos han esperado a recibir el visto bueno de Competencia. España y Portugal adujeron que, al ser una isla energética, con escasa interconexión, y debido al alto desarrollo de las renovables, la subida de los precios eléctricos está castigando más al Mibel.

El tope al gas no implica que las centrales de ciclo combinado de gas vayan a dejar de cobrar el coste de generar electricidad, sino que se reducirá el marginal. El coste real, el que supere los citados 50 euros/MW, lo compensarán las comercializadoras con contratos indexados al pool (el PVPC y el resto de contratos ligados al mismo), así como todos los que se renueven.

Según ha vuelto a asegurar Ribera en una rueda de prensa tras conocerse el permiso comunitario, la bajada de la factura se podría situar entre el 15% y el 20% en el periodo de aplicación. El ahorro dependerá de la evolución del precio del gas y del mix en cada momento. El de la electricidad de los ciclos se deriva de multiplicar por dos el del gas, además del coste de los derechos de emisión que paga este combustible, amén del coste de peajes y mantenimiento de las plantas.