La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno español ya prevé mantener una política fiscal prudente en 2023 que permita reducir los niveles de déficit y deuda públicos, tal y como le recomendó este mismo lunes la Comisión Europea.

Bruselas propuso formalmente ayer a los 27 socios lo que venía barruntando desde hace meses: la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales al déficit y la deuda de los países durante un año más, hasta 2024. La senda fiscal, recogida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establece límites del 60% y el 3% a la deuda y el déficit de los Estados miembros. Con su congelación, explicó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, los países tendrán más margen de maniobra a la hora de recomponer sus finanzas públicas, golpeadas por la crisis del Covid-19 y las consecuencias de la escalada inflacionista.

Pese a ello, la Comisión Europea pidió a España prudencia fiscal y contención del gasto público corriente ya en 2023 debido al escenario de elevada deuda de las administraciones. Según estima Bruselas, España forma parte del grupo de países que "siguen experimentando desequilibrios" fiscales junto a otros socios como Alemania, Francia, Países Bajos o Portugal. En el caso de España, estas vulnerabilidades están relacionadas con la elevada deuda externa y los altos niveles de desempleo.

Por eso, el Ejecutivo comunitario pidió a España "garantizar una política fiscal prudente" limitando el crecimiento del gasto público corriente por debajo del crecimiento económico potencial a medio plazo, sin olvidar las ayudas "temporales y específicas" a hogares y empresas para aliviar los precios energéticos.

En este contexto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pidió a la Comisión revisar las reglas fiscales durante su suspensión para adaptarlas a la realidad económica de cada país. A su entrada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, la vicepresidenta confió en que la decisión de Bruselas no retrase "el necesario trabajo de revisión de las reglas fiscales" para que respondan a las "necesidades y prioridades de la UE".