El Gobierno comienza a mover ficha para cuadrar sus pretensiones de gastos e ingresos en 2019. El Consejo de Ministros aprobará hoy los anteproyectos de las leyes por las que se implantarán la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Además, el Ministerio de Hacienda llevará a la reunión el Anteproyecto de Ley lucha contra fraude fiscal, que el Ejecutivo quiere que ayude a recaudar 500 millones extra.

El Impuesto sobre Servicios Digitales gravará aquellas empresas que ingresen un mínimo de 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en Internet y la venta de big data. El Gobierno espera recaudar 1.200 millones de euros gracias a este nuevo impuesto.

El Impuesto sobre las transacciones financieras, también conocido como Tasa Tobin, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas de grandes empresas cotizadas que sean ejecutadas por operadores del sector financiero. En cuanto al plan antifraude, limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros entre personas jurídicas, reforzará la lista de morosos e instaurará medidas adicionales internacionales de lucha contra el fraude. Con todo ello se recaudarían los antedichos 500 millones de euros extra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó ayer que el Consejo de Ministros aprobará este viernes las medidas fiscales que permitan cumplir los objetivos económicos del Ejecutivo.

Tras defender el texto presupuestario que el Gobierno ha remitido a Bruselas y destacar que contribuye a recuperar parte del estado del bienestar que cree que eliminó el anterior Ejecutivo, abogó por la justicia social mediante una justicia fiscal. Sánchez aseguró: «Vamos a cumplir con esos objetivos y con nuestro compromiso de redistribuir ese crecimiento económico».

Por otro lado, el Gobierno aprobará la petición de dictamen al Consejo de Estado sobre el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados de la resolución del Parlament del 11/10, en la que los independentistas abogaron por la abolición de la monarquía y condenaron el posicionamiento del Rey en el «conflicto catalán» así como su «justificación de la violencia» policial del 1-0.La petición tendrá carácter de urgencia, de manera que el Consejo de Estado deberá emitir su dictamen antes del 25 de octubre.