El Consejo de Ministros ha aprobado sendos reglamentos en los que se regulará el desarrollo de las auditorías salariales y los planes de igualdad, medidas que fueron acordadas con los sindicatos, pero no con la patronal. La nueva normativa obligará a todas las empresas de más de 50 trabajadores a contar con un plan de igualdad laboral entre la mujer y el hombre.

Las empresas que tengan una plantilla más pequeña podrán hacerlo de forma voluntaria, salvo que la Inspección de Trabajo les obligue a hacer un plan de igualdad, a cambio de perdonarle la sanción por incurrir en una infracción de discriminación. El reglamento de auditorías salariales establece que el registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo.

A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación. Con estas medidas “afloramos la desigualdad”, ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La principal novedad que incluyen estos decretos es la obligación para las empresas de contar con registros salariales, una auditoría retributiva -para las compañías de más de 50 trabajadores- y un sistema de valoración de puestos de trabajo. Ambos textos se acordaron con las ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, e Igualdad, Irene Montero, por parte de los sindicatos CCOO y UGT bajo el Acuerdo para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el Trabajo, que finalmente no ha contado con la rúbrica de la patronal tras haber participado en las negociaciones.

A través de este documento se desarrollan dos reglamentos. Uno de ellos es el de Igualdad Retributiva, que establece mecanismos objetivos de valoración de cada puesto y otorga transparencia en salarios y complementos percibidos. De esta forma, se establece que los trabajos de igual valor deben tener la misma retribución.